Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, realiza la audiencia pública para evaluar si la decisión del Estado salvadoreño de negarle la interrupción del embarazo a Beatriz, violentó su integridad y derechos, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, fue tajante en afirmar que El Salvador no aprobará el aborto bajo ninguna modalidad.

«Que quede totalmente claro: Mientras Nuevas Ideas sea mayoría en la Asamblea Legislativa, no existe ni la más mínima posibilidad de que el aborto se legalice en El Salvador», dijo el legislador en su cuenta de Twitter, fijando postura ante este polémico caso. «Defendemos la vida por sobre todas las cosas», añadió.

La Constitución de la República de El Salvador penaliza el aborto «en todas sus circunstancias» desde 1998, y en 1999 se aprobó una enmienda que reconoce a un embrión como ser humano desde el «momento de la concepción».

En tal sentido, Castro añadió que la Asamblea respetará las leyes de la República. «Vamos a respetar siempre lo que indica la Constitución, no lo que quieran imponernos desde el extranjero algunas organizaciones», sostuvo.

A sus declaraciones se sumaron otros diputados de la bancada cian, pronunciándose en contra del aborto en El Salvador, e igualmente lo hicieron decenas de simpatizantes de este partido político.

En la audiencia internacional, la Corte IDH escuchará este miércoles y jueves 42 testimonios para evaluar «la responsabilidad internacional de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial y derecho a la salud» de Beatriz, explica un comunicado del tribunal.

El caso Beatriz

Beatriz nació el 30 de octubre de 1990, en una comunidad rural de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, en un hogar en situación de pobreza extrema. A sus 19 años fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea.

En 2011, vivió un embarazo de alto riesgo que exacerbó su condición de salud y obligó a una cesárea tras la cual nació un niño pre término con síndrome de distress respiratorio y enterocolitis necrotizante. A Beatriz se le propuso esterilizarse, pero ella no quiso pues temía que su niño muriera y ella quería tener más hijos.

En febrero de 2013 se le diagnosticó de nuevo un embarazo de alto riesgo, de 11 semanas, y en marzo, cuando acude al hospital por lesiones vinculadas al lupus, un ultrasonido reportó una malformación congénita en el feto, conocida como anencefalia. Al conocer el nulo pronóstico de sobrevida del feto y las posibles complicaciones para su salud, Beatriz solicitó la interrupción del embarazo, pero se le explicó que eso no era posible. Sin embargo, los médicos tratantes remitieron el caso al Comité Médico “para consensar (sic) momento de interrupción por beneficio materno ya que la anencefalia es incompatible con la vida”.

El Comité Médico y las autoridades del hospital iniciaron una serie de consultas institucionales sobre el procedimiento médico recomendado e inició así un complejo camino legal en el que intervinieron la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud y la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de San Salvador.

En medio de ese proceso, el 11 de abril de ese año Beatriz junto a organizaciones feministas presentó una demanda de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fueron otorgadas el 29 de abril.

El 29 de mayo la Sala Constitucional notificó el rechazo del Amparo por considerar que el proceder del personal médico estaba garantizando los derechos a la salud y la vida de Beatriz, al internarla, monitorear su estado de salud y suministrarle los medicamentos necesarios. Además, sostuvieron que en El Salvador existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional a la persona humana desde el momento de la concepción. Ese mismo día, la Corte IDH le otorgó a Beatriz medidas provisionales y atendiendo a las mismas, el 3 de junio finalmente se le realizó un procedimiento de cesárea, que dio como resultado el nacimiento de una niña que nació sin cerebro, y murió a las pocas horas.

Beatriz falleció en octubre de 2017 a consecuencia de un accidente de tránsito. Tenía 27 años.

El 5 de enero de 2022 el caso Beatriz pasó a conocimiento de la Corte IDH y la Audiencia Pública respectiva se lleva a cabo en San José, Costa Rica, este miércoles 22 y 23 de marzo de 2023. Se espera una sentencia en el transcurso del año.