El viernes 28 de febrero cerró sin homicidios en El Salvador, según el dato policial, lo que se ha vuelto una tendencia positiva para el país. De seguir así, el país estaría cerrando el presente año con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes, según pronósticos del presidente Nayib Bukele.
El jefe de estado escribió en su cuenta de X: «Cerramos febrero y, de continuar esta tendencia, cerraríamos 2025 con menos de 1 homicidio por cada 100,000 habitantes, acercándonos más a nuestra meta de convertirnos en el país más seguro del mundo».
En 2024 El Salvador cerró con una tasa de homicidios de 1,8 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un promedio de 0,3 homicidios diarios; mientras que, en 2018, un año antes de la llegada del Bukele al gobierno, El Salvador tuvo una tasa de 51 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los reportes oficiales indican que 2024 finalizó como el año con la tasa más baja de homicidios en el país durante la última década. A fin de año, el presidente escribió en X: «La tasa de homicidios proyectada para 2024 es de 1.8 por cada 100,000 habitantes, consolidando a El Salvador como el país más seguro del Hemisferio Occidental».
La guerra contra las pandillas por parte de las autoridades salvadoreñas endureció en marzo de 2022, cuando los terroristas asesinaron a más de 80 personas en solo un fin de semana. El 27 de marzo de ese año, la Asamblea Legislativa aprobó -a solicitud de Bukele- el régimen de excepción que limita ciertas libertades, para combatir a los pandilleros
Antes de Bukele, las pandillas operaban en el 90% del territorio, donde impartían su propia justicia con la consigna de “ver, oír y callar”, recaudaban casi 2 mil millones de dólares en extorsiones y asesinaban a los que no pagaban.
El estado de excepción aprobado mes a mes por los diputados de Nuevas Ideas y fracciones aliadas, suspende los derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.
Dentro de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito el pertenecer a una banda delictiva, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
