La diputada por el partido ARENA, Marcela Villatoro, se refirió al reciente arribo deportado del exdiputado y excandidato presidencial Norman Quijano, quien fue entregado por Estados Unidos el 26 de enero para cumplir una condena de 13 años y cuatro meses de prisión por delitos de agrupaciones ilícitas y fraude procesal, relacionados con negociaciones con pandillas durante la campaña electoral de 2014.En declaraciones a los medios de comunicación que buscaron su reacción ante los últimos acontecimientos, la parlamentaria enfatizó la importancia del debido proceso. “Que continúe su debido proceso y que él demuestre lo que deba demostrar, siguiéndole el juicio como debe ser”, expresó Villatoro.
La legisladora marcó distancia clara al agregar: “Yo no soy su defensora”, respondiendo a las consultas sobre su posición respecto al caso del exdirigente de ARENA, quien a sus 79 años fue trasladado directamente a un centro penitenciario tras su llegada al país.
Norman Quijano, exalcalde de San Salvador, expresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato presidencial por ARENA en 2014, fue condenado en ausencia en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas como audios, videos, documentos y testimonios que demostraron reuniones con cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y facciones del Barrio 18, donde se negociaron beneficios a cambio de apoyo electoral, incluyendo pagos por un total de 100.000 dólares (50.000 a MS-13 y 25.000 a cada facción del Barrio 18).
Quijano permaneció fuera del país tras perder su fuero como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en 2021, lo que permitió avanzar el proceso judicial. Fue detenido en Estados Unidos en marzo de 2025 y deportado el 26 de enero de 2026, siendo recibido en el aeropuerto por la Policía Nacional Civil y notificado formalmente de su condena por la FGR. Actualmente se encuentra en detención provisional en el Centro Penal La Esperanza (Mariona), mientras se resuelve cualquier apelación pendiente, ya que la sentencia no está en firme.
El caso ha generado debate político, recordando las negociaciones con pandillas en el contexto electoral de 2014, donde Quijano quedó en segundo lugar detrás de Salvador Sánchez Cerén (FMLN). La diputada Villatoro, quien en el pasado había defendido públicamente a Quijano calificándolo como perseguido político, optó ahora por una postura más neutral, centrada en el respeto al proceso judicial.
Las autoridades continúan enfatizando que la justicia actúa con base en pruebas contundentes, y que este caso forma parte de los esfuerzos por combatir la corrupción y los vínculos ilícitos en la política salvadoreña. Quijano deberá cumplir su pena en un centro penitenciario, inhabilitado de por vida para cargos públicos.
