Con el objeto de brindar nuevos instrumentos que permitan una administración de justicia más rápida y efectiva, la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad emitió un dictamen favorable para reformar 23 artículos del Código Procesal Penal.
Las modificaciones a la normativa actual -que consta de agregar incisos, modificar literales y actualización de redacción de algunos- respaldarán el combate a los grupos terroristas que se ha establecido por las autoridades de seguridad pública.
La iniciativa fue presentada por diputados de Nuevas Ideas y apoyada por el Fiscal General, Rodolfo Delgado. Actualmente no pueden ser enjuiciados los prófugos acusados por delitos de homicidio, secuestros, entre otros.
Esta mañana, Delgado, informó que de 2013 al 19 de septiembre de 2022, El Salvador registra que hay 31,652 prófugos cuyo proceso judicial se detuvo sin haber podido enfrentar juicios. Sumados a 50,000 prófugos desde 1998, dijo que suman más de 81,000.
Las reformas al Código Procesal Penal, sobre todo en el campo de la figura de rebeldía (el demandado/imputado no se presenta al proceso), tiene por finalidad procurar la efectividad en la investigación de los hechos para la lucha contra la impunidad que demandan las violaciones a los derechos humanos.
“Con los cambios al Código estamos garantizando la protección de los buenos salvadoreños. Desde esta Asamblea seguiremos trabajando para darle gobernabilidad al país”, explicó el diputado Mauricio Ortiz.” A nosotros no nos va temblar la mano para seguir en esa guerra contra las pandillas y continuar fortaleciendo nuestros marcos regulatorios”, adicionó.
Además, se tutelarán de manera eficaz los derechos de las víctimas en un justo equilibrio con los del imputado y se potenciará una mayor efectividad de las instituciones de sistema penal.
Por otro lado, las reformas van a permitir que los procesos judiciales no se dilaten por renuncias injustificadas de los abogados defensores, pues se interpondrán sanciones a los profesionales del Derecho que ejecuten este tipo de maniobras que buscan alargar los casos.
“Estas medidas buscan golpear las extorsiones, buscan salvar vidas de salvadoreños trabajadores, honrados. Se sabe que se ha buscado dilatar los procesos penales para dar beneficio a los criminales”, comentó el parlamentario Francisco Villatoro. “Se busca generar esas herramientas para darle paz y seguridad a la población”, agregó.
Aportes emitidos por el Ministerio de Justicia y por la FGR
Durante el estudio de la iniciativa de dichos cambios, los legisladores recibieron al seno de la comisión al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro; y al fiscal general, Rodolfo Antonio Delgado.
Ambos funcionarios emitieron ante la comisión sus puntos de vista a nivel técnico, tras un exhaustivo análisis hecho por parte de un equipo especializado de cada una de las instituciones.
“Actualmente, hay un desastre de leyes en materia de justicia penal, mismo que hemos heredado y bajo el engaño de que se tenía que modernizar terminaron con la implementación del Código Penal de 1998, basado en el de España y que incluso en ese país nunca fue implementado”, aseguró el ministro Villatoro.
Tras un análisis técnico de todos los artículos que se reformarían, el funcionario de Seguridad explicó que la institución que dirige está en total acuerdo con ello.
“En ningún momento estas reformas pretenden vulnerar la situación de Estado de Derecho en el que nos encontramos. Al contrario, el costo más alto que se ha tenido con las leyes penales heredadas es la vida de los salvadoreños honrados”, explicó.
Por su parte, el fiscal general comunicó que las disposiciones actuales que están regulando el tema de la rebeldía en el Código Procesal Penal vigente han generado un favorecimiento continuado a la impunidad, porque obliga a que los aplicadores de justicia (FGR) pueden iniciar un proceso penal, pero solo llega a una etapa intermedia: Presentación de la acusación y el señalamiento de la audiencia preliminar.
“Este tema de las figuras juzgadas en ausencia ha traído muchos problemas a los aplicadores de justicia, es decir a la Fiscalía y al Órgano Judicial”, consideró Delgado. “Gran cantidad de procesos de naturaleza grave están detenidos en los tribunales de justicia”, añadió.
Entre los datos de la FGR, en el periodo comprendido del año 2013 al 19 septiembre de 2022 hay 31 mil 652 personas declaradas en rebeldía y muchos son prófugos de la justicia salvadoreña, por lo que únicamente la institución solo ha presentado dictámenes de acusación en su contra.
Dentro de estos prófugos hay personas que han cometido delitos relativos a la vida (homicidios), al patrimonio, al sistema constitucional y la paz pública (agrupaciones ilícitas), a la libertad (secuestros), entre otros.
“Hemos recibido aportes importantes y adecuados a la realidad, el trabajo articulado es necesario para tener éxito en esta misión de un El Salvador seguro. Esto va a servir para poder trasladarle a los salvadoreños que esta guerra contra pandillas la vamos a ganar como Estado”, puntualizó el diputado Amaya.
Tras ello, los parlamentarios emitieron el dictamen favorable, mismo que será trasladado al pleno legislativo y será discutido en la sesión plenaria número 73.
