El Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, realizó este viernes, el proceso de difusión y socialización de la Ley Crecer Juntos con miembros del Sistema Nacional de Protección del departamento de San Salvador, con el principal objetivo de que el personal de las instituciones involucradas en el bienestar de niños y adolescentes puedan aplicar la normativa con precisión y eficiencia de la manera más idónea.
Al respecto, la asesora jurídica del Despacho de la Primera Dama, Francesca de Apostolo, explicó que la socialización de la Ley Crecer Juntos se encuentra en la primera fase y está destinada a los 14 departamentos del país.
“Reunimos e invitamos a todas las cabezas de los diferentes municipios de todas las instituciones de Gobierno, también de las alcaldías y del Ministerio Público. Les explicamos de qué trata la Ley Crecer Juntos y las novedades con respecto a la normativa anterior y también les explicamos las implicaciones para cada uno de los actores, esta es la primera fase”, explicó la asesoría jurídica.
Tal proceso de capacitación y socialización de la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia se realizará en cuatro fases, la primera para liderazgos de los departamentos y municipios del país; la segunda para el personal de las instituciones del Sistema Nacional de Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia; la tercera para los impulsores del cumplimiento de la ley a escala nacional; y la cuarta para las instituciones públicas, privadas y población en general.
“Tendremos tres fases más para profundizar sobre las temáticas, tendremos módulos especializados, docentes, médicos y policías nos van a acompañar, también consultores internacionales, expertos en la materia de niñez y adolescencia, es un proceso de formación que no va a terminar este año e incluso va a continuar cuando entre en vigor en enero del 2023”, enfatizó la asesora jurídica.
La Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia cuenta con más de 300 artículos, en donde se reconoce la problemática de la primera infancia para lo cual el Estado en su conjunto respaldará el fortalecimiento de competencias parentales, como medio para asegurar una nueva ciudadanía social que contribuya al desarrollo sustentable.
