Esta mañana se desarrolló el taller: “Marco normativo de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático” (balanzas) en el departamento de Santa Ana; actividad que tiene como fin garantizar que los consumidores reciban la cantidad del producto, conforme al peso que pagan, y prevenir afectaciones al bolsillo.
A la jornada de difusión, liderada por el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, se dieron cita representantes de empresas que comercializan con lácteos, dulces, embutidos y sorbetes; además de los rubros de restaurantes, supermercados y otros.
Con este fin, se reiteró a los proveedores sus obligaciones legales para que se apeguen al cumplimiento de la normativa técnica de pesaje. «El Gobierno trabaja para que se respeten los derechos de los consumidores y evitar los abusos de los proveedores”, dijo el presidente Salazar. “Esta es una campaña en la que se llama a la accion al consumidor a través de sus derechos», expresó.
Los participantes conocieron más sobre las principales disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, y el Reglamento Técnico sobre Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento no automático, este último impartido por el Centro de Investigaciones Metrológicas (CIM), institución con la que la Defensoría articula esfuerzos para estos talleres.
En el marco de la vigilancia del cumplimiento de la normativa técnica, entre junio 2019 y marzo de 2023, la Defensoría verificó 508 balanzas, registrando que el 60 % (305) evidenció cumplimiento, mientras que el 40 % (203) reportó hallazgos de incumplimiento por balanzas que no poseían viñeta ni el proveedor presentó certificado de verificación vigente ni tampoco certificados de verificación. En todos los casos se inició el proceso administrativo ante el Tribunal Sancionador.
Por otra parte, siempre en Santa Ana, el presidente Salazar junto a asociaciones de consumidores de Santa Ana y Sonsonate, instaló un punto de atención en el parque Libertad para recibir denuncias y brindar orientación sobre casos vinculados a telefonía, servicios financieros, agua potable y energía eléctrica.
