El Gobierno continua con las inspecciones de granos básicos en las diferentes cadenas de suministros, a escala nacional, para garantizar la protección del bolsillo de las familias y verificar el cumplimiento de las 11 medidas antiinflacionarias.
Desde tempranas horas de este jueves, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, verificó el precio de comercialización de diferentes granos básicos en la calle Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador, con el objetivo de verificar que no exista el alza injustificada de precios.
“Este día, la Defensoría del Consumidor, nuevamente continua con un esfuerzo importante de cara a proteger el bolsillo de las familias salvadoreñas. Estamos continuando con las verificaciones de precios a diferentes productos de la canasta básica”, indicó el funcionario.
De acuerdo con Salazar, estas acciones son de vital importancia no solo por la vigilancia permanente del mercado, sino por las afectaciones causadas por las recientes lluvias. Lo que se busca es evitar los abusos en contra de los consumidores, por lo que se solicita la documentación relacionada al precio de compra y de venta de productos como el maíz y el frijol.
También, se verifican los inventarios para evitar el acaparamiento y, de ser detectada esta mala práctica, se tomarán “las acciones tanto administrativas como penales que correspondan”, aseguró Salazar, quien hizo un llamado a la población a denunciar prácticas abusivas a través del 910 o el WhatsApp habilitado por la institución: 7844-1482.
Como parte de las 11 medidas ante la inflación, se han realizado más de 106,000 verificaciones a escala nacional en diferentes agentes de la cadena de suministros: importadores, empacadores, fabricantes o productores y puntos de venta al detalle.
“Es un esfuerzo en el cual también hemos realizado alrededor de 290 investigaciones, de estas ya hemos presentado 70 casos al Tribunal Sancionador, 40 de ellos ya fueron admitidos”, explicó el funcionario.
De esta manera, el Gobierno del Presidente Bukele reitera su compromiso de vigilar el cumplimiento de las 11 medidas para combatir los efectos de la inflación mundial en el país.
