¿ Cuanto pagó la Familia Dueñas por las tierras de El Espino ?

El problema de la legalidad y explotación de las tierras en la Finca El Espino -el último pulmón de San Salvador-, no es nuevo, se remonta al siglo XIX y está ligado al poder político, judicial y económico del país, en especial de la familia Dueñas, según estimaciones del padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA.

En la entrevista La Noche con José Luis Solórzano, de Grupo Órbita, el jesuita reseñó el lunes 21 de mayo, que el general, senador, y presidente de la República (desempeñó varios cargos políticos) Francisco Dueñas, se mantuvo 20 años en el poder “y hay suficientes datos como para pensar que aunque ya tenía muchas tierras y haciendas aumentó su riqueza aprovechándose de reformas injustas que hubo en el siglo XIX”.

El jesuita, quien vela por los derechos de las más de 70 familias desplazadas esta semana de la finca, narró que Dueñas “expropió a los indios de tierras comunales” y que con ello se dio una continuación de la persecución de los indios que sufrieron de los españoles durante la colonia. “Estos no fueron mejores que los españoles, con los indios”, dijo.

El especialista en derechos humanos, agregó que Dueñas “no se andaban con bromas a la hora de actuar”, y recordó que incluso se le atribuye haber mandado a fusilar a otro líder de la época, al general Gerardo Barrios.

Segun el Padre Tojeira, los abusos cometidos por Dueñas originaron la Reforma Agraria en los años 70. Era inevitable. “Él se apropió de mucha tierra, cuando hay esta apropiación en base a la política y en base a un funcionamiento del Estado, donde hay un Estado acaparador en favor de unos pocos, cuando hay este tipo de situación es normal que haya una reforma agraria”, analizó Tojeira.

Según el religioso, debido a estos antecedentes, existe ahora “una exigencia ética para la familia heredera de estas tierras, de ceder algo a los colonos que han vivido ahí tanto tiempo”.

Un negocio millonario

Con el transcurso de los años, la finca El Espino, de donde fueron desalojadas estas familias por orden de la justicia salvadoreña, se volvió un lucrativo negocio para un grupo de personas que incluyen a cooperativistas que se repartieron entre ellos gran parte de los terrenos y revendieron a precios millonarios a empresarios inmobiliarios sin que los gobiernos lo impidieran.

Una de estas empresas que promueve proyectos urbanísticos en la zona es Urbánica, Desarrollos Inmobiliarios, cuyos principales accionistas son miembros de la familia Dueñas. En su página web http://www.urbanica.com.sv/ anuncian las obras realizadas entre las que se encuentran centros comerciales como La Gran Vía, Edificio Promérica, y Hotel Courtyard Marriot, entre otros, así como la construcción de apartamentos de vivienda.

La misma empresa tiene como proyecto seguir expandiendo las construcciones en los terrenos que originalmente fueron cedidos para siembras de café, pero que fueron otorgadas a nombre de particulares afanados por lucrarse al máximo de cada una de las varas del terreno que supera las 50 manzanas.

Las familias “incómodas” para el desarrollo de la zona

Por medio de movimientos legales e inclusive acudiendo al máximo tribunal de Justicia, como es la Sala de lo Constitucional, la familia Dueñas logró expulsar esta semana a 77 familias a la calle, quienes se encuentran viviendo a la intemperie a espera de alguna ayuda gubernamental o de derechos humanos.

Muchas de estas personas trabajaron con los Dueñas desde hace décadas, eran colonos que trabajaron las tierras a cambio de tener un lugar donde vivir, hasta que un juez de Antiguo Cuscatlán cumplió la orden de la Sala de lo Constitucional para desalojarlos.

“El Estado ha fallado desde el sistema judicial y el Estado ha fallado desde el viceministerio de Vivienda”, manifestó Tojeira, quien agregó que “la responsabilidad de cubrir los derechos de las personas es una responsabilidad del Estado”.

“El tema de la propiedad creo que es un derecho inalienable porque la propiedad ayuda a las personas a desarrollarse y es un derecho que todos deben tener. La queja es cuando la propiedad es acaparada por unos pocos”, agregó.

Por tal motivo, Tojeira pidió al Estado intervenir a favor de estas familias justificando además que “cuando alguien vive durante tanto tiempo en un lugar y nadie le reclama y está en pacifica posesión, deberían indemnizarles en el momento en que los saquen”.

Tojeira insiste en que en este tema hay una cuestión de ética. “Las leyes no han amparado a las familias desalojadas, pero la responsabilidad ética, civil, democrática va por otro lado a la actitud que ha tenido la familia Dueñas”, dijo.

https://youtu.be/OCDKqrdk4kk