Corte de Cuentas prepara falso informe contra ministro de Hacienda para iniciar antejuicio en su contra

La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha preparado un informe “hecho a la medida” de la presidencia de la institución para armar un falso caso en contra del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que pueda dar paso a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar un antejuicio contra el funcionario.

El punto de partida sería el Decreto Legislativo No 728 que ordena trasladar FODES a las alcaldías, según afirmaron auditores del ente contralor a Diario La Página.

La dirección jurídica de la CCR ha presionado a los auditores de la institución a fin de “buscarle lado al asunto” (es decir, incriminar falsamente a Zelaya) y preparar junto con la FGR el camino del antejuicio.

En tal sentido, se espera que en los próximos días el fiscal general Raúl Melara allane el Ministerio de Hacienda para secuestrar computadoras y documentos “para hacer el show”, pese a que Zelaya respondió con su equipo jurídico a los cuestionamientos de la Corte y dejó claro que ha actuado de acuerdo a la ley y a lo establecido en los Decretos Legislativos 608, del 26 de marzo de 2020, y al 728, del 9 de septiembre del mismo año, que ordena trasladar recursos a las alcaldías.

Personal de la CCR aseguró que “técnicamente no hay nada” es decir, no hay caso contra Zelaya; sin embargo, estos están siendo presionados para fortalecer las acusaciones y presentar un informe incriminatorio ante al presidente de la Corte, Roberto Anzora, para que este lo apruebe, y luego armar un proceso de antejuicio con la Fiscalía en contra de Zelaya y del Tesorero de Hacienda.

Los falsos alegatos de la CCR

El informe en cuestión, presentado el 14 de enero de este año, se refiere a las transferencias del financiamiento externo que realiza el Ministerio de Hacienda en concepto de fondo FODES al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) por el periodo del 1º de mayo al 30 de septiembre de 2020, y fue requerido por la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES).

El documento pretende demostrar que, durante este periodo, hubo incumplimiento a las disposiciones legales en las transferencias de fondos a las alcaldías por parte de la Hacienda Pública, y que se habría incurrido en delito penal.

“Por tanto y como se ha detallado en la presente respuesta, en ningún momento ha habido un incumplimiento injustificado a las disposiciones legales en la transferencia de los fondos a los Gobiernos Municipales”

Hacienda explica a la CCR

El ministro Zelaya dio las aclaraciones respectivas a la CCR el pasado 23 de noviembre y respondió que el equipo jurídico de Hacienda detectó “una presunta deficiencia referente a las disposiciones legales en la transferencia de fondos a los gobiernos municipales”, y que en ningún momento existió de parte del ministerio una acción deliberada “que pueda estimarse como una deficiencia sin fundamento en la transferencia de fondos”.

Explicó que lo sucedido está respaldado por un impedimento legal que imposibilitaba realizar la transferencia a las alcaldías, “ocasionado por una deficiencia legislativa, en la forma, en que fue autorizado el Decreto Legislativo No. 728, que contiene la asignación de recursos a ser transferidos”.

El departamento jurídico del Ministerio de Hacienda respondió que las reformas presupuestarias están amparadas en el DL No 608 que establece que los fondos que se obtengan en la ejecución de las opciones de Títulos Valores de Créditos o Empréstitos o la combinación de ambas, se destinarán para financiar el fondo de emergencia.

El artículo 11 de dicho decreto indica que los recursos que se obtengan se asignarán en un 70% para atender la emergencia generada por covid-19, y en un 30% para proyectos que sean ejecutados por las alcaldías.

La ley es clara cuando ordena que la distribución de los recursos debería realizarse si el ingreso a aprobarse por la Asamblea Legislativa fuera de $250 millones. De esto se trasladaría el 30% a las municipalidades, que equivale a 75 millones.

No obstante, la Asamblea no aprobó los $250 millones, sino únicamente $197.4 millones. El 30% de ese ingreso es $59.2 millones por lo cual la distribución planteada en el Decreto Legislativo No. 728, no está en armonía con los parámetros establecidos en el anterior Decreto 608, cuando dispone … “de acuerdo a los recursos obtenidos en virtud de este decreto y en proporción a como vayan ingresando los mismos al Fondo de Emergencia” …

Tal como aprobó la Asamblea el decreto 728 el 9 de septiembre “violentaba explícitamente el mandato legal, ya dispuesto en el DL No 608”, por lo que había un conflicto en la aplicación de la ley, explicó Zelaya.

Ante ello, Hacienda hizo la observación a los diputados para que enmendara la reforma. La Asamblea emitió un nuevo Decreto el 29 de octubre de 2020 y fue publicado en el Diario Oficial el 3 de noviembre del mismo año, modificando el presupuesto vigente incorporando el monto de $52.6 millones con lo que se complementó el préstamo de $250 millones.

Solo con la enmienda de los diputados se permitió hacer la transferencia a las municipalidades por $75 millones, que se hizo el 4 de noviembre corrigiendo el impase legal.

“Por tanto y como se ha detallado en la presente respuesta, en ningún momento ha habido un incumplimiento injustificado a las disposiciones legales en la transferencia de los fondos a los Gobiernos Municipales”, y si se hubiese hecho la transferencia el Ministerio de Hacienda hubiera sido objeto de un reparo de la CCR en el ámbito administrativo o judicial”, dijo Zelaya.

La CCR no admitió las justificaciones jurídicas

La Corte de Cuentas, pese a las explicaciones jurídicas, no admitió la justificación y mantiene que el Decreto Legislativo era claro y ordenaba a Hacienda a hacer la transferencia en septiembre de 2020 y no el 4 de noviembre de ese año como finalmente se realizó.

El informe en cuestión aún está en manos de los auditores (Diario La Página tiene una copia) y esperan fortalecerlo para armar el caso en contra del Ministro de Hacienda, dijeron las fuentes.