La Fiscalía General de La República de El Salvador brindó nuevos detalles sobre el funcionamiento del esquema de CREDICASH, destacando el uso de mecanismos legales que generaron confianza entre las víctimas.
El fiscal general Rodolfo Delgado explicó que uno de los elementos clave fue la firma de contratos de mutuo, los cuales eran autenticados y legalizados por un notario, dando una apariencia de formalidad a las operaciones.
Según las autoridades, este procedimiento llevó a que muchas personas confiaran en la supuesta legalidad del negocio y entregaran sus ahorros bajo la creencia de que su dinero estaba protegido.
Sin embargo, la Fiscalía aclaró que este tipo de documentos no garantizan la existencia de fondos ni la capacidad de cumplir con los rendimientos prometidos, especialmente cuando no existe una actividad económica real que respalde las ganancias.
Las investigaciones señalan que, pese a la formalización de los contratos, el esquema operaba bajo una captación ilegal de fondos, donde los pagos a inversionistas se realizaban con el dinero de nuevos participantes.
El fiscal Delgado enfatizó que la legalización de documentos fue utilizada como una estrategia para dar credibilidad al sistema, lo que facilitó la incorporación de más personas al esquema.
La institución continúa con el proceso de identificación de víctimas y verificación de montos, por lo que reiteró el llamado a quienes firmaron este tipo de contratos a conservarlos y presentarlos como respaldo en las investigaciones en curso.
