La Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) continuaron con las verificaciones de precios de los productos de la canasta básica, en el mercado de Santa Ana y el oriente del país, con el objetivo de que los proveedores y comerciantes sean respetuosos a las leyes que rigen el mercado.
Estas inspecciones se han implementado desde que el presidente de la republica Nayib Bukele anunció en cadena nacional las 11 medidas para reducir el impacto económico en la población salvadoreña a causa de la inflación mundial, entre las medidas está que los comerciarte no incurran en el acareamiento de productos y el aumento de los precios de los mismos.
La Ley de Protección al Consumidor (LPC) tipifica el incremento de precios injustificados como una práctica que constituye una infracción muy grave, según el artículo 44, literal e, que puede ser sancionada hasta con 500 salarios mínimos mensuales en la industria.
