El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador, concluyó hoy la vista pública contra 52 presuntos miembros de una pandilla, acusados de los delitos de organizaciones terroristas, tráfico ilícito, tráfico ilícito de armas de fuego, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, y proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada, entre otros.
Este día concluyó la declaración de los últimos dos testigos de la Fiscalía General de la República (FGR), el primero sostuvo que sujetos miembros de una pandilla lo habían llegado a buscar a la delegación de Cojutepeque y lo habían amenazado.
Asimismo, el otro testigo narró que él fue miembro de la pandilla que opera en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, desde el 2012 hasta el 2016 y que por haberse salido había recibido informes de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que miembros de la pandilla lo querían matar.
Posteriormente, la FGR realizó sus alegaciones finales, diciendo que esta investigación inició luego de que un informante les diera unos números telefónicos de dos pandilleros y que al momento de intervenir estas líneas escucharon que se estaban cometiendo una serie de delitos, por lo tanto intervinieron más números, siendo en total 32 las intervenidas en nueve meses.
Además, manifestaron al juez cómo habían logrado individualizar a los 52 procesados, entre los que se encuentran el supuesto “ranflero” José Antonio Colocho, Oscar Armando Colocho, José David Bernal, Carlos Ulises Rosales Torres, Pedro Benjamín Rivas Zelaya, y Hugo Adalberto Carranza, entre otros.
Al mismo tiempo, solicitaron al juzgador que si encontraba culpables a los procesados los condenara a penas que van desde los cinco años a 30 años de prisión por delitos.
Al finalizar el juicio el juez expresó a las partes que se les notificara la fecha del fallo, debido a que tiene que analizar 500 horas de las escuchas telefónicas, la prueba documental y los archivos de los procesados, porque la mayoría alega que ya han sido procesados por el delito de organizaciones terroristas.
