La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable para autorizar al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a suscribir un préstamo de $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esos recursos permitirán que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ejecute el Programa de Fortalecimiento del sector agua y saneamiento en El Salvador.
Los legisladores apoyaron la iniciativa para garantizar que la ciudadanía tenga una mejor calidad de vida y bienestar, mediante el acceso a servicios básicos de calidad.
Este proyecto, según expuso a la mesa legislativa el director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, beneficiará a unas 450 mil familias que residen en el Área Metropolitana de San Salvador, con énfasis en la zona norte, en donde ANDA ha identificado un alto porcentaje de deterioro de la red.
Específicamente el programa contempla la continuidad de los servicios de agua potable con la renovación de redes de agua, así como la ampliación de macro y micro medición y la automatización y control digital de redes.
La autónoma también podrá reducir los niveles de agua no facturada y mejorar la eficiencia energética en el Sistema Zona Norte, así como la gestión empresarial de la institución. Para ello, se modernizarán los equipos de bombeo, se perforarán nuevos pozos y se mejorarán los existentes.
“Básicamente todos estos sistemas, de acuerdo a lo planteado por ANDA, desde la década de 1970 no se han intervenido. Esto conlleva pérdidas aproximadas de un 64% del agua que se suministra”, señaló Herrera.
El delegado de Hacienda agregó que un porcentaje de los fondos del préstamo se destinarán para mejorar las capacidades de la institución. Al respecto, se ha contemplado el diseño de un plan de acción de buenas prácticas de gobierno corporativo y de un plan de comunicaciones. Además, se tiene previsto hacer una actualización de normas técnicas para la realización de proyectos y crear una estrategia para inclusión de personas con discapacidad entre los trabajadores de la autónoma.
El crédito con el organismo internacional tendrá un período de desembolso de cinco años, con un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de cinco años y medio.
