La comisión de antejuicio contra el diputado Alberto Romero, del partido Arena, determinó mandar a llamar a la esposa e hija del parlamentario, ante la solicitud del abogado defensor, quien argumentó que no hay fundamentos para el desarrollo del proceso del legislador.
Este lunes se realizó la segunda sesión de trabajo de la Comisión Especial dando inicio al estudio de la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al funcionario que representa al departamento de Cuscatlán, quien es señalado de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
El defensor, Ernesto Parada, solicitó a la mesa legislativa suspender el procedimiento y liberar de cargos a Romero porque, “no hay fundamentos para el desarrollo del proceso”.
Por su parte, el fiscal, diputado Geovanny Zaldaña, expresó que librar de cargos a Romero, no es vinculante con los delitos que se conocen en la comisión. Agregó que el parlamentario está retenido desde el pasado 23 de agosto, por resistencia agresiva.
De igual manera, la fiscal Marcela Pineda rechazó la solicitud del defensor, pues dijo lo que se busca es determinar si hay formación de causa contra Romero para eliminarle el fuero constitucional y que la Fiscalía pueda iniciarle un proceso penal por los referidos delitos, ya que él no ha logrado justificar $1,162,388.05 que tiene distribuidos en cuatro cuentas bancarias.
La parlamentaria señaló que Romero posee otras 28 cuentas de banco, las cuales deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Para continuar con el caso, ambos diputados fiscales ofrecieron presentar pruebas testimoniales, entre ellas las declaraciones testimoniales de Ana Lourdes de Romero y Lourdes Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente del parlamentario.
Además, ofrecieron la declaración testimonial de peritos financieros que realizaron la investigación de enriquecimiento ilícito en el 2020; y la declaración de María de Jesús Guardado, quien fungió como asesora de la Asamblea Legislativa, hasta el 30 de abril de 2021. También la declaración de Ricardo Gutierrez Romero, colaborador administrativo en este órgano de Estado; la de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza de la Asamblea hasta 2018 y quien realizó diversos depósitos monetarios en una cuenta bancaria de la esposa de Romero; y la declaración de Ana Ortiz Lemus, asistente de fracción de ARENA hasta 2018.
El caso
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
Para que tantas pruebas si esta con las manos llenas de riquezas , si hay pruebas , directo a la cárcel , el que robó una bicicleta de $60 directo a las rejas señor juez.
todos los que están en eso de saqueo ya preso actúen antes de que huyan