El presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Víctor Rodríguez Rescia se pronunció sobre la nueva Sala de lo Constitucional y sobre sus acciones de retomar el caso Jesuitas, a la vez criticó el actuar de los exmagistrados que sobreseyeron a los imputados.
“Que la Cámara emitiera resolución del sobreseimiento definitivo del caso de los Jesuitas, muestra que esos jueces deben regresar a la Universidad, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles en todo el mundo”, aseguró el Dr. Rescia.
El experto internacional en derechos humanos, agregó que realizarán una capacitación dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). “El derecho internacional es para aplicar ahora. Venimos a explicar que los tratados son para ellos, para las personas humana», señaló.
Sobre esto, el ministro de Trabajo, Rolando Castro se pronunció, asegurando que existía una favoritismo por parte del Órgano Judicial, pero que esto ha cambiado con el planteamiento del actual gobierno el cual concuerda con el estamento jurídico internacional. «Deben procesarse los actores intelectuales y materiales del caso Jesuitas», aseguró el funcionario.
El pasado 19 de enero la Sala de lo Penal declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por los acusados de la masacre de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baro, Segundo Montes Mozo, Joaquín López y López, Amando López y Juan Ramón Moreno, y las colaboradoras Julia Elba Ramos y su menor hija Celina Mariceth Ramos.
«Decláranse inadmisibles los recursos de casación interpuestos por los imputados Juan Orlando Zepeda Herrera, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios López», detalla la resolución. Según fallo del Juzgado Tercero de Paz y de la Cámara Tercera del Penal, esos altos jefes militares retirados debían ser procesados junto al expresidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, Juan Rafael Bustillo, Inocente Orlando Montano, por el delito de asesinato de los seis jesuitas y dos colaboradoras.
“Una condena de tratado de Derechos Humanos, genera responsabilidad para el estado si, pero también para el funcionario público”, explicó Rescia.
«Cuando hay detenciones ilegales pueden haber sido cometidos por la policía, pero hay jueces que los avalan en última instancia tienen responsabilidad los jueces, no es tan fácil dictar sentencias sin observación de los tratados internacionales», puntualizó el experto en derechos humanos.
En noviembre del 2020, la anterior Sala de lo Penal admitió los recursos y decretó «nulidad absoluta», con lo cual se cerró el caso ante las críticas de las familias de las víctimas y de la UCA, sin embargo, ahora se revierte el fallo y los actuales magistrados declararon la inadmisibilidad de los recursos que buscaban cerrar el proceso.
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