El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó que el empresario del transporte público, Catalino Miranda pase a la etapa de Instrucción con la medida de detención provisional. Miranda fue capturado la noche del pasado sábado 12 de marzo, luego de tratar de arrebatarle a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), unas placas que previamente habían sido retiradas de algunas unidades de transporte de la ruta 42.
La acusación fue interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR). «Los elementos que el ministerio público fiscal ha recolectado son elementos que corroboran la participación directa del imputado», destacó el fiscal del caso.
La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada, luego que la jueza prohibiera la presencia de la prensa en la audiencia celebrada en las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez.
Mientras se realizaba la audiencia en contra del empresario, a las afueras de las instalaciones del Centro Judicial, un grupo de personas, en gran mayoría hombres supuestos trabajadores del transporte público se manifestaron como muestra de apoyo a Miranda, a quien el Estado salvadoreño le ha decomisado alrededor de 278 microbuses, luego que se diera a conocer que los transportistas estaban cobrando una tarifa diferente a la establecida.
Durante la mañana de este mismo viernes, en el mismo juzgado se realizaron las audiencias contra tres motoristas de las rutas 42-B, 24 y 7, capturados el mismo día que Miranda. Uno de los imputados es acusado del delito posesión y tenencia ilícita de placas de circulación y venta a precio superior del pasaje, por lo que se le decretó Instrucción con detención provisional.
Una segunda audiencia fue celebrada en los juzgados contra Rommel Aquino y José Hernández, motoristas de la ruta 42 y 7, quienes fueron detenidos por alterar el precio del pasaje ilegalmente.
El juzgado otorgó la suspensión condicional del procedimiento durante un año y seis meses. La resolución del juez está sujeto a dos reglas de conducta: residir en un lugar determinado y no cambiar de domicilio, y permanecer en un empleo o adoptar un oficio, en un plazo establecido por el juez.
Todos estos seudo empresarios, han mamado dinero de las arcas del estado con tantas triquiñuelas, aplaudo el actuar del gobierno por poner orden! Toca empujar la pila Catalino..!
Al catalino como que le bajaron los humos de creerse «intocable»,ahora debe de estar viendo que no es asi con la nueva AL.A los choferes por robarle al pueblo van a pagar sus delitos.Como que algo podrido el pueblo sacó de la antigua asamblea L.
Q REGADA LA DEL GOBIERNO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SUPUESTO DELITO IMPUTADO, EXPROPIAR LAS UNIDADES NO ES LEGAL Y SOLO EVIDENCIA LA PREPOTENTE MANERA D GOBERNAR D ESTE HDLGP Y SUS SECUACES Q MAS TEMPRANO Q TARDE LOS VEREMOS EN EL BOTE Y POR MUCHOS AÑOS
puya estos tercos se prestan para el CIRCO PELELE… los perros mañosos de la bancada CYAN haber si les aplican la ley… RECUERDEN TODA FIESTA TIENE SU FIN…
Con el nuevo gobierno impuesto por los salvadoreños, hoy sí se cumplen las leyes y pedimos que se nacionalize el transporte público, para un mejor servicio y baja de precios.