Los diputados de la Asamblea Legislativa buscan aprobar una reforma a la Ley Reguladora del Uso de Medios de Vigilancia Electrónica en Materia Penal para permitir la implementación del brazalete electrónico como medida de prevención ante los casos de feminicidios y otros delitos relacionados a la violencia intrafamiliar.
Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima, esta herramienta sería supervisada desde un centro de monitoreo y facilitaría identificar si el agresor está acercándose a la casa o lugar de trabajo de la víctima.
De esta manera, los jueces podrían usar la vigilancia por medio de dichos dispositivos para verificar que los acusados cumplan las medidas de protección hacia las víctimas.
La diputada Milena Mayorga de ARENA apoyó esta iniciativa. “Tuve la oportunidad de conocer el centro de monitoreo, pero también de apoyar el día que se le dio iniciativa de ley a esta reforma. Lo hice convencida de que es necesario y es una herramienta que le puede salvar la vida a las mujeres”, expresó este 21 de enero.
“Sabemos que esto está bajando (casos de feminicidios), pero el uso del brazalete electrónico sería una medida que ayudaría a reducir aún más esta clase de hechos”, opinó por su parte la diputada Gisela Portillo del FMLN.
La propuesta de utilizar de esta forma los dispositivos también incluye a los casos de libertad condicional y reos de avanzada edad. “Son cuatro proyectos que presentamos y todos guardan cierta relación, porque en las propuestas se busca apoyar la libertad condicional en caso de adultos mayores y personas con enfermedades terminales que requieren cuidados especiales”, señaló Ramírez Landaverde.
Los parlamentarios de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Mujer e Igualdad de Género y Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad se comprometieron a seguir con el estudio de esta iniciativa.
Actualmente, un total de 310 sujetos tienen colocados el dispositivo en mención pero para evitar que huyan, puesto que la mayoría cumplen medidas sustitutivas a la detención dictadas por los jueces respectivos.
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