La Mesa de Casos Colectivos que han conformado cinco instituciones del Estado ya tiene avances en cuanto a entregar soluciones a familias afectadas por los engaños de empresas irresponsables.
Este grupo de entidades tiene la misión de resolver aquellos conflictos donde las personas entregaron dinero a una lotificadora para llegar a ser propietarios de un terreno –para construir una vivienda– pero no reciben los bienes.
En esta mesa participan la Defensoría del Consumidor, el Centro Nacional de Registros, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Vivienda y la Fiscalía General de la República.
Desde el 2022 que la Mesa comenzó a operar como tal, “se han emitido 2,593 escrituras, recuperando una inversión que supera los $8.2 millones a favor de las familias”, dijo la titular de Vivienda, Michelle Sol.
Hay dos municipios donde hubo mayor concentración de estas resoluciones. Está Zacatecoluca (La Libertad) donde se trabajó con ocho casos que representaban a 788 familias. En esta ocasión la recuperación de fondos a favor de los afectados fue de $1.35 millones.
Luego está Ahuachapán (Ahuachapán), donde la Mesa llevó a conclusión dos casos que concentraban a 488 familias. Esta respuesta tiene un equivalente de fondos superior al $1 millón.
Los afectados pueden iniciar su proceso en el edificio IPSFA, sobre la Alameda Roosevelt, en San Salvador. En las redes sociales del Ministerio de Vivienda están los documentos y demás requisitos necesarios para que se pueda armar una denuncia colectiva por intermediación de la Mesa.
Después de la investigación, la primera opción es llegar a conciliar con las familias y las lotificadoras. “Cuando se agota la etapa de investigación y no se llega a una solución, no se cuenta con el paradero del propietario o desarrollador parcelario, o son casos de lotificadoras declaradas en quiebra, se procede a remitir el caso a la Fiscalía.
Actualmente se tienen listos 76 casos”, dijo la ministra Sol, refiriéndose a que pronto habrá nuevas soluciones para estas personas.
