Autoridades han logrado reducir los feminicidios en el país

Hace unos años en El Salvador a diario se registraban muertes violentas en perjuicio de mujeres, asesinadas principalmente por sus esposos o personas cercanas, incluso se llegó a considerar como una epidemia, ya que en 2016 y 2017 se registraron tasas de feminicidios de 16 y 12 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, desde 2019, la violencia homicida contra féminas comenzó a disminuir y las autoridades actuales han logrado hacer justicia en estos casos capturando a los agresores y condenándolos a penas máximas.

De acuerdo con los datos de la Policía Nacional Civil (PNC), en 2019 los feminicidios totalizaron 113 casos entre enero a diciembre. En el 2020, tras un año y medio de Gobierno, los feminicidios se redujeron en 36% en comparación con el 2019, pasando de 113 a 73, es decir 40 casos menos.

Para el 2021 la situación de violencia contra la mujer también se mantuvo a la baja, logrando una reducción del 40% en el cometimiento del delito de feminicidio en comparación al 2019 pasando de 113 a 68. Mientras que, para el año pasado, se estableció que hubo 52 muertes violentas de mujeres.

Las autoridades atribuyen estos excelentes resultados a las estrategias de seguridad implementadas bajo el Plan Control Territorial (PCT) que ha permitido que cifras de delitos, incluyendo feminicidios disminuyan de manera significativa.

Uno de los casos más trascendentes que no quedó impune fue el feminicidio de Flor García. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Joel Omar Valle Leiva, esposo de la víctima, la asesinó y enterró los restos de García en un predio en el km 32 de la carretera Panamericana en Cojutepeque.

García fue reportada como desaparecida por su esposo, según su fallida coartada, después de que ella salió de su casa en Cojutepeque hacia San Salvador, supuestamente a comprar insumos médicos para la clínica, en la que ambos trabajaban el 16 de marzo de 2021.

El trabajo arduo de la FGR y PNC permitió que, 101 días después de haberse reportado la desaparición, localizaran el cadáver. Las autoridades dijeron que la coartada de Valle Leiva siempre fue no llamar la atención y mostrar conducta serena en público para no convertirse en sospechoso.

En diciembre del año pasado, Valle fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio agravado de su esposa, Flor. También fue condenado a pagar $35,000 a la familia de Flor.

Un interés por reducir la violencia

La segunda semana de febrero de este año cerró con al menos cinco mujeres asesinadas violentamente a escala nacional. Este repunte alarmó a las autoridades por lo que decidieron reunirse y analizar estrategias para frenar los feminicidios. Las autoridades de Seguridad han manifestado que ningún crimen quedará en la impunidad.

«La justicia selectiva quedó atrás, estamos llamados a hacer justicia colectiva, no vamos a tolerar crímenes de sangre, delitos sexuales y ningún acto de violencia», dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Una de las reformas legales trascendental que permitirá llevar justicia en este tipo de casos es la reciente aprobación para que el delito de feminicidio agravado no prescriba en El Salvador. Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron con 69 votos a favor, reformar los artículos 32 y 34 del Código Procesal Penal para que ni el feminicidio ni el feminicidio agravado prescriban.

Esta decisión sienta un precedente histórico, ya que ambos delitos prescribían a los 10 y 15 años de haberse cometido, y si no se iniciaba la acción penal en ese lapso los casos quedaban impunes.

Autoridades fiscales han reiterado que «nada» justifica los feminicidios por lo que hacen un llamado a las mujeres a denunciar a los agresores para detener el círculo de violencia y evitar llegar a la muerte.

«El feminicidio es un delito grave y hay que hacer hincapié en los casos de violencia contra las mujeres. Como consecuencia de cualquier expresión de violencia podemos tener un feminicidio», asegura la fiscal adjunta para la Mujer, Niñez y Adolescencia y otros Grupos Vulnerables, Marina de Ortega.

«La Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos de Feminicidio va a atacar una problemática concreta, cualquier persona que sea acusada por estos delitos recibirá la sanción penal que corresponde», afirmó el fiscal general, Rodolfo Delgado.