Con 66 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron durante la sesión plenaria número 92, la Ley de Compras Públicas, «con el objetivo de reducir la burocracia en los procesos de compras y adquisiciones hechas por el Estado», según el articulado.
La implementación de una nueva normativa surge de la necesidad de actualizar el marco jurídico que regula las adquisiciones y contrataciones de las instituciones de la Administración pública.
“Esta ley está en completa armonía con los procesos de modernización que se han ejecutado en diversas instituciones del Estado. Debemos entender que la transparencia y la lucha contra la corrupción no es sinónimo de burocracia o de procesos engorrosos que entorpecen las políticas públicas”, dijo la diputada Elisa Rosales.
Uno de los objetivos es reestructurar y establecer nuevas disposiciones al régimen de la contratación administrativa, así como implementar el uso de tecnologías de la información y la comunicación para viabilizar la gestión operativa de las compras gubernamentales, así como herramientas que permitan establecer medidas de control y auditoría.
La nueva normativa, que consta de 193 artículos, regula todas las actividades realizadas por la Administración Pública para la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios, durante la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y finalización.
Otro fin es unificar las normas reguladoras de las compras dentro de los principios de transparencia y libre competencia, bajo licitaciones públicas. Esto se debe a que los contratos de las instituciones de la Administración pública deben realizarse de manera clara, transparente, ágil y oportuna, con procedimientos idóneos y equitativos.
La ley establece la creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), que fungirá como ente rector en cuanto a normativas. Esta institución se encargará de supervisar, acreditar y certificar los procesos de todas las instituciones.
También se creará un Sistema Nacional de Compras Públicas (SINAC) y las Unidades de Compras Institucionales (UCP) con las que llevará un monitoreo y seguimiento de toda las contrataciones públicas.
“Ahora, todos van a participar en el sistema de compras con igualdad de condiciones, ya no solo lo harán los grupos empresariales, sino también las microempresas y las mujeres”, afirmó el parlamentario William Soriano.
La diputada Rosales señaló que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración (LACAP), creada hace 23 años, en el gobierno del expresidente Francisco Flores, está desfasada. Por ello, los diputados de la actual legislatura son conscientes de que estos marcos normativos tienen que ser actualizados y deben responder a las necesidades de la población.
“La Ley de Compras Públicas fue estudiada desde la Comisión de Economía y pretende combatir la corrupción en las adquisiciones estatales. Estamos abordando un tema serio. La oposición desmanteló a El Salvador, lo dejó hundido y lo estamos recuperando”, expresó el parlamentario Carlos Bruch.
La Ley de Compras Públicas
De acuerdo a lo expuesto en el pleno, dentro de la nueva ley se incluirán recomendaciones realizadas por Organismos Internacionales, la sustitución de documentos físicos por verificaciones electrónicas.
Esto último pondrá a la vanguardia tecnológica todo proceso de adquisiciones de servicios y las contrataciones que el Estado ejecute. El propósito de dicha ley es garantizar procedimientos justos y equitativos, mediante el uso de tecnología de la información.
Además, se contempla una reducción de plazos de contratación, una introducción de otros entes fiscalizadores y auditorías externas para hacer los procesos de una manera transparente y con medidas de control.
Como respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) habrá accesibilidad al mercado de compras públicas.
Con esta normativa se incentiva la participación de las MIPYME en los procesos de compras públicas, como por ejemplo se establece la obligación de adquirir o contratar al menos un 25% a estas empresas y facilitarles el acceso a la las oportunidades de negocio con el Estado.
A partir de la legislación, será obligatorio la certificación antisoborno y oficial de cumplimiento para las instituciones públicas. Esto permitirá que las instituciones tengan mecanismos para prevenir, detectar y dar respuesta a posibles conductas de soborno.
Esta certificación tendrá credibilidad internacional, fue planteada y formulada por 38 países que velaron por el tema de calidad de estos mecanismos. Actualmente, estas prácticas se implementan con éxito en instituciones públicas y privadas a nivel internacional.
“Me parece que nosotros como país nos estemos sumando a esta prácticas para prevenir los sobornos y los procesos de corrupción en la administración pública”, indicó la diputada Rosales.
Otro elemento a resaltar de la normativa es la creación de procedimiento de compras especiales, como son las contrataciones en línea, las cuales generan ventaja de precios en el mercado.
También destaca el catálogo electrónico derivado del convenio marco y la subasta inversa, que se vuelven mecanismos innovadores. Esto conlleva a una modernización del Estado salvadoreño.
