Luis Antonio Martínez González fue elegido como Fiscal General de la República de El Salvador en diciembre de 2012, en un contexto en el que ARENA y el FMLN, los dos principales partidos políticos, pactaban bajo la mesa la repartición de cuotas en las instituciones del Estado.
Martínez, quien permaneció en el cargo hasta diciembre de 2015, llegó como resultado de esas negociaciones políticas que aseguraban a cada partido posiciones estratégicas en órganos de control.
Durante su periodo coincidieron dos presidentes del FMLN: Mauricio Funes (2009–2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014–2019). En esos años, la Fiscalía quedó en medio de señalamientos de manipulación y vínculos con estructuras de corrupción que se gestaban desde el poder político y empresarial.
Los procesos judiciales posteriores revelaron la magnitud de la corrupción. En 2018, Martínez fue condenado a cinco años de prisión por divulgar material reservado del sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como “Padre Toño”.
En 2024, una Cámara de lo Penal lo declaró culpable de enriquecimiento ilícito por más de $71,000, ordenando que devolviera esa cantidad al Estado y quedara inhabilitado para ocupar cargos públicos por diez años.
Además, el Tribunal de Ética Gubernamental lo sancionó con una multa de $8,964 por aceptar beneficios indebidos de empresarios.
La Fiscalía también lo señaló como parte de una red de corrupción junto al empresario Enrique Rais, conocida como el caso Rais-Martínez, a la que se sumó otro expediente bajo el nombre de “Corruptela”, que incluye delitos como lavado de dinero, cohecho y negociaciones ilícitas.
Según resoluciones judiciales, Martínez y Rais estructuraron una organización criminal que compraba favores judiciales y manipulaba procesos.
Este día, Luis Martinez recibió una nueva condena de 10 años de prisión por omisión de la investigación y fraude procesal.
