Asamblea aprueba ley que busca proteger derechos de los depositantes ante entidades en problemas

Con la finalidad de proteger la estabilidad del sistema bancario del país, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 56 votos, la creación de la Ley para la Estabilidad del Sistema Financiero y Garantía de Depósitos.

Los parlamentarios indicaron que el objetivo de esta normativa es regular la preparación y ejecución de los procesos de recuperación y resolución de entidades financieras y brindar las facultades necesarias a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) como autoridad de resolución.

Además de la firmeza del sistema bancario, se contará con la continuidad de los servicios financieros esenciales y los derechos de los depositantes de entidades en problemas.

Ante esta normativa, que consta de 121 artículos, se creará confianza entre los depositantes, debido a que sabrán que su dinero estará seguro y creará una mayor competencia sobre las tasas de interés hacia los usuarios, argumentaron diputados oficialistas.

De acuerdo a lo plasmado en el artículo 2, el reglamento será aplicable a las siguientes entidades:

• Bancos regulados por la Ley de Bancos, excepto el Banco de Fomento Agropecuario (BFA).

• Sociedades de ahorro y crédito reguladas por la Ley de Sociedades de Ahorro y Crédito.

Bancos cooperativos regulados por la Ley de Bancos Cooperativos.

También a las asociaciones cooperativas que se encuentre en proceso de adecuación gradual de conformidad.

Un comité coordinador para monitorear riesgos sistémicos

Según lo expuesto en la plenaria, con dicha ley se creará un Comité de Estabilidad Financiera, que coordinará a las organizaciones ante cualquier evento de crisis en las instituciones del sistema financiero del país. Además, tendrá la obligación de monitorear la evolución de los riesgos de este sistema monetario.

Dicho comité estará integrado por los titulares del Banco Central de Reserva (BCR), de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), del Ministerio de Hacienda y del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD).

Entre las facultades de dicho comité, según lo establece el artículo 6 de la ley, está el monitoreo de riesgos del sistema financiero; coordinar las diferentes actividades entre sus miembros para poder enfrentar de forma consistente potenciales crisis; emitir recomendaciones que considere necesarias para mitigar riesgos que pudiera afectar el sistema financiero; y emitir los instrumentos administrativos necesarios para su funcionamiento; entre otros.

Plan de recuperación, de resolución y evaluación de entidades

El Comité de Estabilidad Financiera tendrá actualizado un plan de recuperación, en el que contemplará las medidas y acciones que adoptará la entidad con el fin de restablecer su posición financiera en el caso que se produjera un deterioro de la misma.

Ese plan deberá ser aprobado por el Órgano de Administración de cada entidad y deberá de ser remitido a la Superintendencia del Sistema Financiero, en un plazo de 10 días.

Los procesos de recuperación de las entidades financieras o procesos de resolución para procurar la salida ordenada de una entidad del sistema financiero son para minimizar el impacto en la estabilidad financiera.

Por “resolución” se entenderá –de acuerdo a la regulación- por el proceso por medio del cual se ejecutan las medidas necesarias para que una entidad pueda salir del sistema financiero de forma ordenada o, si fuera el caso, facilitar la continuidad de sus funciones esenciales.

Es por eso que la ley establecerá que las entidades financieras deberán elaborar y actualizar un plan de recuperación.

Es así que el BCR tendría la potestad de conceder créditos o financiamiento a instituciones bancarias, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito para atender retiros de depósitos en caso de haber un deterioro en la estructura de liquidez de una o más instituciones o para prevenir iliquidez del sistema.

En cuanto a los objetivos de la resolución, la SSF es la máxima autoridad para esto de conformidad a las disposiciones de la ley y esto servirá para proteger los depósitos del público, para mantener la continuidad de los servicios financieros esenciales y procurar la estabilidad del sistema financiero.