Miembros de la Corporación de Abogados Penalistas de El Salvador, lamentaron la ejecución de las medidas extraordinarias que se han implementado en algunos centros penales del país, porque a su juicio limita el trabajo de los profesionales en derecho para realizar la defensa de los presos.
Aunque reconocen que dichas medidas han modificado el control de los internos y disminuyeron el ingreso de ilícitos en las cárceles, lamentan que aún hay normativas que a los abogados defensores les hace contrarrestar su trabajo.
Los abogados Carlos Avelar, Manuel Estupinian, Beatriz Romero y Emily Rivas fueron los invitados del programa La Mesa de 95.3 de Orbita FM, que conducido por Edwin Hidalgo de las 12:00 del mediodía a las 2:00 de la tarde.
“La policía nos ve como enemigo al llegar a representar un reo… Nos ven como enemigos, y muchas veces la sociedad por el hecho de ser defensores de ellos (los presos), nos ven como tal”, dijo el abogado Carlos Avelar.
Por su parte, Beatriz Romero, detalló que “el gobierno tendría que tomar otras medidas para bajar la delincuencia, no es la mano dura, ni la drasticidad con la que están actuando en las cárceles. Necesitamos mucho más que la represión, porque la situación sigue igual”.
“Los abogados no tendríamos que ser objetos de esas medidas extraordinarias, nos hemos abocado a la Asamblea, presentamos un escrito el año pasado pidiendo que los abogados seamos respetados en los Centros Penales, porque si hay abogados que están involucrados en hechos delictivos, por lógica que los procesen, que les hagan las demandas pertinentes, pero no pueden etiquetar a todo el gremio”, agregó Romero.
Asimismo, la profesional en derecho Emily Rivas, dijo que es bien ilógico como manejan las instituciones penitenciarias, en cuanto a las llamadas, «porque usted está fuera de un penal y no tiene señal en su celular, y adentro hay señal, es ilógico. Pero aquí todo es negocio».
Las medidas extraordinarias se implementaron en las cárceles salvadoreñas desde el 1 de abril de 2016 y con ellas las autoridades intentan impedir que los pandilleros en las cárceles transmitan sus órdenes y ejerzan control sobre los miembros de las estructuras delictivas que se encuentran libres.
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