La Asamblea Nacional de Venezuela -controlada por el chavismo- aprobó este jueves una ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y «autoridades» del Estado.
La «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, que deberá ser firmada por el presidente Nicolás Maduro para su entrada en vigor, incluye también una inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos «delitos», lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
La nueva legislación coincide con recrudecidas tensiones por la reelección de Maduro para un tercer mandato (2025-2031), denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio. Los acusados de impulsar sanciones extranjeras, agrega la ley, podrán ser juzgados en ausencia en caso de negarse a acudir a las audiencias.
Se castigan otros «delitos”
Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de «acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos» contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países. Para ellos se consideran penas idénticas de hasta 30 años.
También serán multados los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela» y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
Este nuevo marco legal también define como «acciones que ponen en riesgo la soberanía» el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que «simulen» representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos gobiernos.
