El fondo Blasket Renewable Investment está poniendo contra las cuerdas al Gobierno español por los arbitrajes de las renovables. La entidad ha notificado en tres cartas por escrito al Gobierno -la primera del 7 de marzo- la activación de la llamada cláusula de «default» de cuatro emisiones de bonos. Esto implica que dicho título debe ser reembolsado inmediatamente a los acreedores por su importe principal, junto con los intereses devengados. Por su parte, la Abogacía del Estado ha respondido al fondo que la medida adoptada afecta a la imagen del Reino de España en los mercados internacionales y la subdirección general de gestión de deuda ha indicado que no se da por aludida sobre esta petición en respuesta también por escrito al fondo.
En la semana del 17 de abril, el alcance de estos escenarios técnicos asciende ya a 910 millones de euros que podrían fácilmente paralizarse en caso de que el Gobierno español aceptara pagar la deuda.
Según fuentes conocedoras del proceso , los afectados han comunicado en todo momento sus planes al Gobierno, para intentar evitar este desenlace. En su misiva destacan que España es el segundo país con un mayor número de incumplimiento de laudos internacionales, solo por detrás de Venezuela.
Hasta el momento no se recoge ningún episodio de este tipo en la historia financiera de España desde 1936, año en el que estalló la Guerra Civil. De hecho, en la Unión Europea no existe evidencia de episodios similares desde hace décadas, con la salvedad del impago en el que incurrió Grecia durante el verano de 2015, al incumplir su obligación de devolver ciertos fondos al FMI.
Para subsanar este escenario de incumplimiento, España debe pagar los laudos arbitrales que tiene pendientes. En caso de no hacerlo, este «default» puede causar estragos en las operaciones de endeudamiento soberano del Tesoro, bloqueando el acceso a siete instrumentos de financiación e incluso desatando procesos cruzados de nuevos «defaults» por parte de otros tenedores de deuda.
Por el momento, los impagos de los arbitrajes internacionales han provocado ya el embargo de la indemnización por la catástrofe del hundimiento del barco Prestige (valorada en cerca de 1.000 millones de euros). También ha motivado la congelación de la cuenta bancaria del Instituto Cervantes en Londres y la confiscación de su sede en Londres. Además, se ha producido también el embargo de un edificio de Acció, la agencia de promoción económica de la Generalidad de Cataluña.
Recientemente, la Corte Suprema de Australia ha fallado a favor del fondo Antin para ejecutar el laudo por el recorte de la retribución a las renovables que obliga al Gobierno español a desembolsar 101 millones de euros, lo que supone cerca del 10% de la cantidad que el Gobierno español debe a los fondos tras perder el arbitraje en el Banco Mundial. Por el momento, en este caso, no se han pedido todavía embargos aunque se apuntaba a algunas inversiones de Navantia en el país así como cuentas.
Entretanto, el Gobierno sigue incrementando la factura de despachos de abogados que ya supera los 70 millones de euros y acaba de fichar por 1,7 millones al bufete Curtis para defenderse del caso del fondo Infrared.
