El gobierno del presidente Donald Trump sí tiene derecho a retener millones de dólares en fondos para agencias policiales a fin de obligar a los estados a cooperar con las restricciones migratorias, decidió el miércoles un tribunal federal de apelaciones en Nueva York, en un fallo que contradice los de otros tres tribunales.
La decisión del Tribunal de Apelaciones de 2do Distrito en Manhattan anula un fallo anterior que le exigía al gobierno federal entregarle los fondos a la ciudad de Nueva York y a siete estados: Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Washington, Massachusetts, Virginia y Rhode Island.
Esas jurisdicciones habían demandado al gobierno federal luego que el Departamento de Justicia anunció en 2017 que retendría los dineros a ciertas ciudades y estados a menos que le den a las autoridades de inmigración acceso a las cárceles y les notifiquen cuando alguien que esté en el país ilegalmente está a punto de ser excarcelado.
Antes de ese cambio, las ciudades y estados estaban obligados únicamente a demostrar que no estaban impidiendo a las agencias policiales comunicarse con las autoridades federales sobre el estatus migratorio de presos.
En ese momento, el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, declaró: «Las llamadas ‘políticas de santuario’ aumentan la inseguridad para todos porque intencionalmente debilitan nuestras leyes y protegen a los extranjeros ilegales que han cometido delitos».
El Tribunal de Apelaciones de 2do Distrito afirmó que el lenguaje sencillo de las leyes pertinentes deja en claro que el secretario de Justicia tiene la autoridad de imponer condiciones a los estados y municipalidades que reciben dinero federal.
Añadió que la Corte Suprema ha fallado varias veces que el gobierno federal tiene autoridad sobre los estados en cuanto a las políticas migratorias.
Los últimos dos años, tribunales de apelación en Chicago, Filadelfia y San Francisco han fallado en contra del gobierno federal al ratificar amparos presentados para impedir la aplicación de algunas o todas las condiciones.
El fallo reciente se refiere al subsidio Edward Byrne Memorial, un fondo creado en el 2006 mediante el cual el Congreso distribuye más de 250 millones de dólares en fondos federales para agencias policiales estatales y locales.
