La líder opositora y excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori fue trasladada este jueves 1 de noviembre a una cárcel de mujeres en Lima, donde será retenida mientras la justicia de ese país la investiga por un caso de corrupción relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.
Fujimori pasó la noche del miércoles en la sede del poder judicial de Perú después de que un juez le dictara 36 meses de prisión preventiva. En la mañana de hoy un grupo de policías la subió a una furgoneta blindada sin ventanas que la llevo a la cárcel de Chorrillos, un reclusorio que también alberga a criminales comunes.
La justicia peruana investiga a Fujimori por lavado de activos.
Según la fiscalía, la excandidata –quien perdió la elección contra Ollanta Humala (2011-2016)– habría formado una organización criminal en el partido opositor Fuerza Popular con la finalidad de obtener poder político y su campaña presidencial de 2011 al parecer recibió 1,2 millón de dólares, monto que Keiko habría escondido mediante varios métodos ilegales.
Fuerza Popular domina el Parlamento peruano y tiene relaciones tensas con el gobierno del mandatario Martín Vizcarra, quien impulsa un referendo para el 9 de diciembre con el fin de reformar el sistema judicial y político.
El juez que envió a prisión a Fujimori también ordenó en 2017 cárcel por 18 meses para el expresidente Humala y su esposa, así como la captura del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) quien se encuentra en Estados Unidos. Estos tres últimos casos también están ligados a presunta corrupción relacionados con Odebrecht.
Fujimori ha rechazado las acusaciones. Su abogada dijo que apelará la orden de prisión preventiva describiéndola como una medida “arbitraria y abusiva.”
Los Fujimori pasan por una etapa complicada. El padre de Keiko y expresidente de Perú, Alberto Fujimori, se encuentra internado en una clínica limeña y deberá retornar a la cárcel luego de que hace unos días otro juez anulara un indulto humanitario que lo libró de una condena impuesta en 2009 para que cumpla 25 años de prisión por el asesinato de 25 peruanos durante su gobierno por parte de un escuadrón militar durante la guerra sucia para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso.
El expresidente (1990-2000) es el primer gobernante del país condenado por violaciones a los derechos humanos.
Un 71% de peruanos cree que está justificada la detención de Keiko, de acuerdo a una encuesta publicada hace un par de semanas por el diario peruano El Comercio. Solo el 21% cree que es injustificada su detención y el restante 8% no precisó su postura.
LA ARENERA PERUANA NI ASUSTADA SE VE, CONFÍA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA LOS RICOS Y LADRONES, DEVUELVAN LO ROBADO ARENEROS .