Los cuerpos de los 40 migrantes que murieron en un incendio en Ciudad Juárez comenzaron a ser repatriados a sus países de origen, mientras crecen las presiones para que renuncie el titular del Instituto Nacional de Migración de México (INM), Francisco Garduño.
El escándalo que desató la tragedia es tan fuerte que incluso hay rumores de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo terminará cediendo y echará a Garduño, sino que también podría dar la orden de desaparecer al INM.
La crisis migratoria, que a su vez es una crisis en derechos humanos, también se reflejó en los últimos días en la Ciudad de México, en donde el Gobierno tuvo que construir albergues de emergencia para sacar de las calles a miles de personas migrantes que tramitan su asilo.
En San Luis Potosí, en tanto, fueron rescatados más de 100 migrantes que habían sido secuestrados por grupos del crimen organizado, una modalidad recurrente que, en otros casos, ha derivado en masacres.
A este panorama se sumó un informe del diario El Universal que reveló, con base en datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que 955 migrantes murieron en la ruta mexicana el año pasado. Todavía hay que sumar a los desaparecidos.
Los migrantes fallecieron ahogados, en accidentes, en hechos violentos relaciones con el crimen organizado o por la falta de acceso a cuidados adecuados de salud, ya que enfrentaron condiciones ambientales extremas y no tuvieron albergue, comida ni agua.
Conmoción
El pasado 27 de marzo, 40 migrantes fallecieron en un incendio ocurrido en un centro de detención en Ciudad Juárez, en la frontera con EE.UU., lo que se convirtió en una de las peores tragedias migratorias en la historia del país y desató una crisis política en el Gobierno de López Obrador.
Las víctimas procedían de Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela y Honduras. Hasta ahora hay seis personas procesadas y cinco detenidas. Una de ellas es un migrante acusado de haber formado parte del grupo que comenzó el incendio.
Primero se informó que los migrantes habían quemado colchones para protestar por su posible deportación y que eso provocó el siniestro. Luego trascendió que también reclamaban porque llevaban horas sin que se les hubieran ofrecido agua.
Entre sus múltiples secuelas, el caso develó las anómalas condiciones en las que operan las estancias provisionales, y cuya seguridad ha sido licitada por el Gobierno a empresas privadas. Parte de la conmoción se debió a un video que demostró que, cuando comenzó el incendio, los guardias se fueron sin ayudar a los migrantes que estaban encerrados en celdas.
Desde ese día, la oposición e incluso algunos legisladores del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exigieron la renuncia de Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración que todavía se mantiene en silencio.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que, desde 2019 y hasta febrero de este año, ha recibido 5.542 quejas contra el INM que incluyen maltratos a migrantes, detenciones, deportaciones ilegales; así como las denigrantes condiciones en las que operan las estaciones migratorias que, en realidad, son recintos sobrepoblados carentes de ventilación, sin espacios para la higiene y que no proveen a los detenidos de alimentos ni agua.
Presión
El pasado sábado, el Gobierno informó que había comenzado la repatriación de los cuerpos. Al migrante nacido en Colombia le llevaron a Bogotá vía aérea, mientras que los siete salvadoreños fueron trasladados por tierra. Las víctimas restantes serán enviadas a sus países en el transcurso de esta semana.
Mientras avanza la investigación, cientos de migrantes y colectivos que los apoyan mantienen un altar y un campamento en las puertas del INM en Ciudad Juárez.
Ya advirtieron que no se moverán del lugar hasta que las víctimas tengan justicia y se modifiquen las políticas que han criminalizado a las personas migrantes.
En ese mismo sentido se pronunció el fin de semana la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, quien exigió la renuncia de todas las personas responsables de la política migratoria en México.
«Exigimos que los culpables de este crimen puedan pagar con cárcel, que la fiscalía haga el trabajo que le corresponde, que haya una investigación exhaustiva. Nuestro país está y estará muy pendiente», reclamó.
El presidente de ese país, Nayib Bukele, ya había denunciado que la tragedia era un crimen de Estado. En respuesta, López Obrador prometió este lunes que no va a proteger a nadie y que se investigará «hasta las últimas consecuencias».
Tragedia sin fin
En medio del escándalo por la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, la crisis migratoria se evidenció también en San Luis Potosí, en donde el fin de semana se llevó a cabo un operativo para encontrar a 23 personas mexicanas desaparecidas.
Pero en lugar de ellas, rescataron a más de 100 migrantes centroamericanos indocumentados que estaban siendo custodiados por hombres armados.
El secuestro de migrantes es una práctica común en México, ya que las organizaciones criminales los retienen para extorsionar a sus familias o esclavizarlos.
En este caso, las primeras investigaciones apuntan a que los migrantes contrataron a una empresa privada de turismo que les aseguró que los haría pasar a EE.UU., pero en lugar de eso los entregaron a los cárteles.
Por otra parte, en la Ciudad de México el Gobierno instaló una nueva estación migratoria para albergar a las personas que, en las últimas semanas, se instalaron en las calles alrededor de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ubicada en el centro de esta capital.
La medida se tomó luego de las denuncias de vecinos por las condiciones inhumanas en las que se encontraban los migrantes, durmiendo en el suelo, sin alimentos ni acceso a baños.
Del 17 de marzo al 5 de abril, el INM entregó tarjetas por razones humanitarias a 2.320 migrantes que estaban en esta zona, pero el alud de personas indocumentadas que intenta escapar de la pobreza y las violencias que padecen en sus países de origen no se detiene.
