Tras el allanamiento a las oficinas de la Secretaría de Estado del Vaticano cinco funcionarios fueron suspendidos de sus labores, al ser acusados por presuntas actividades financieras irregulares.
Entre los afectados están monseñor Mauro Carlino, el laico Tomasso Di Ruzza, así como dos altos ejecutivos y una oficial de administración.
Según medios italianos, Carlino seguirá viviendo en la Casa Santa Marta y los empleados suspendidos pueden ingresar al territorio del Vaticano.
Las denuncias de las Obras de Religión (IOR) se referirían a una serie de transacciones financieras «realizadas en el tiempo», según precisa un comunicado.
Ademas, se indica que las supuestas operaciones financieras ilegales se refieren a «compraventas inmobiliarias por millones de euros en el extranjero».
