Entre enero de este año y el 17 de junio, un total de 3.250 migrantes varados en la frontera sur de Estados Unidos o expulsados a México han sido víctimas de secuestros, violaciones, trata de personas y otros ataques, de acuerdo con un reciente informe de la ONG Human Rights First.
Los casos denunciados por la organización se registraron después que Joe Biden asumiera la presidencia de EE.UU., y representan un aumento significativo en comparación con los datos acumulados para el mismo período hasta abril de 2020, cuando se documentaron 492 agresiones.
«Siguen aumentando los ataques violentos contra los que buscan asilo y los migrantes que no pueden alcanzar la seguridad en Estados Unidos, debido al fracaso de la Administración de Biden para respetar la ley de refugiados y reanudar los trámites para otorgar el asilo», señaló la ONG, que acusó al actual mandatario estadounidense de «aparentemente seguir la política ilegal» de su predecesor Donald Trump «como herramienta de política migratoria».
«El proceso implementado recientemente para eximir de la expulsión a una pequeña fracción de solicitantes de asilo y migrantes, caso por caso, es insuficiente para proteger a las familias y personas que buscan protección en la frontera sur y no cumple con las leyes de refugiados de EE.UU. ni con las obligaciones establecidas en el marco de los tratados sobre refugiados, y es inaccesible para las personas que no conocen o no tienen acceso a las organizaciones que implementan el proceso de exención», subrayó Human Rights First.
Pese a sus intentos de mostrarse más abierto que Trump a la acogida de migrantes, Biden dejó en vigor la política de expulsión de las familias en la frontera, conocida como Título 42, que, según reportó el portal Axios, la Casa Blanca ahora considera cancelar. Los activistas sostienen que incluso si el Gobierno deja de utilizar esa regla, la situación de la mayoría de los migrantes no va a cambiar.
«La Administración de Biden supuestamente está considerando eximir a las familias de las expulsiones bajo el Título 42, pero continuaría expulsando a los adultos que solicitan asilo, una decisión que seguiría enviando cruelmente a las personas vulnerables a los peligros en México, entre ellas muchos negros, representantes de LGBTQ y otros individuos solteros que no viajan con sus hijos», declararon los activistas en su informe.
