Tras varios días de controversia, este martes el Gobierno peruano divulgó la lista de las 487 personas que fueron vacunadas contra el Covid-19 antes que las poblaciones en riesgo y grupos prioritarios. Entre las decenas de funcionarios –y sus familiares– brilla el nombre del expresidente Martín Vizcarra, su esposa y hermano. El presidente interino Francisco Sagasti remitió los nombres de los implicados a la Fiscalía y a la Contraloría y prometió que deberán responder ante la Justicia.
Perú, un país con una de las mayores tasas de muertes en el mundo a causa del Covid-19 (por cada millón de habitantes), encara un escándalo inédito: altos funcionarios y exmiembros del Gobierno y sus familiares se adelantaron de forma fraudulenta y en secreto al proceso de inmunización.
La polémica, conocida como ‘Vacunagate’, hace tambalear las altas esferas del poder. Dos ministras ya dimitieron y el número de renuncias podría aumentar luego de que este 16 de febrero se hiciera pública la lista de las 487 personas implicadas. La indignación es tal que el presidente interino Francisco Sagasti prometió sanciones ante la Justicia y la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, pidió que sean sancionados «con todo el rigor de ley».
En la lista, entregada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que trabajó en los ensayos de la vacuna de Sinopharm con la que se practicaron las inmunizaciones irregulares, se confirma al expresidente Martín Vizcarra, que según el registro recibió la primera dosis del antídoto el 2 de octubre de 2020 y la segunda el 29 del mismo mes, cuando aún era mandatario, días antes de ser destituido.
Asimismo figura la exministra de Salud Pilar Mazzetti, quien agrava la controversia al confirmarse que recibió la primera inyección el 12 de enero de 2021 y la segunda el 6 de febrero, un día antes de que llegara a Perú el primer lote de Sinopharm, y en contradicción con sus palabras, pues públicamente había mostrado su intención de ser la última en vacunarse, aunque ya lo había hecho.
También figuran en la lista Walter Málaga, jefe de los ensayos clínicos de la Universidad encargada de los estudios del antídoto chino, el exviceministro de Salud, Luis Suárez-Ognio y otros empleados públicos.
Llama la atención la inclusión de los familiares de estos funcionarios como “invitados” y “entorno cercano”. Entre ellos, la esposa de Vizcarra, Maribel Díaz, el hermano del exmandatario, César Vizcarra, la hija del jefe de los ensayos clínicos, Ariana Málaga, la hermana del ex viceministro de Salud, María del Carmen Suárez-Ognio, los hijos del exfuncionario: Juliet y Luis Suárez, al igual que su esposa Inés Caro Khan, entre otros.
En su defensa, el pasado domingo, el exviceministro Luis Suárez-Ognio aseguró que “esta vacuna candidata me fue aplicada a mí y a miembros del equipo a cargo de la respuesta frente a la pandemia de manera voluntaria asumiendo individualmente cada uno el riesgo que implica un producto aún no evaluado en fase 3 y a sabiendas de que se desconocía su real eficacia y seguridad”.
Entretanto, el mandatario interino remitió la lista a la Fiscalía, al Congreso, la Contraloría y a la comisión del Ministerio de Salud para que investiguen el caso.
Vizcarra y su esposa fueron vacunados en el Palacio de Gobierno
Aunque las primeras investigaciones dejan ver que el proceso inició desde 2020, la polémica estalló el pasado 11 de febrero, cuando Martín Vizcarra admitió en una entrevista que se vacunó contra el Covid-19 en octubre. Meses antes de que el fármaco fuera aprobado por el regulador del país, el 27 de enero, y de que el plan de inoculación comenzara de manera oficial el pasado 9 de febrero.
Este martes se conocieron nuevos detalles sobre lo ocurrido, en medio de las audiencias virtuales ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. En su declaración, el jefe de los ensayos clínicos, Walter Málaga, dijo que él y la enfermera Cynthia Castillo vacunaron al entonces presidente y a su esposa en el Palacio de Gobierno y que lo hicieron a solicitud de Vizcarra.
Castillo afirmó que, tras la aplicación de las vacunas, entregaron a la entonces primera dama y a su esposo una cartilla con las fechas de las inoculaciones, que en ambos casos escribieron N.A. (no aplica), debido a que “el presidente y su esposa no formaban parte de los 12.000 voluntarios que habían ingresado a este estudio de investigación”.
Días antes, el exjefe de Estado aseguró que había recibido las dosis en calidad de voluntario de los ensayos clínicos, pero la Universidad Peruana Cayetano Heredia refutó esa versión. El pasado 14 de febrero, la Fiscalía General abrió una investigación contra Vizcarra para determinar si abusó de su poder para inmunizarse antes que la mayoría de peruanos.
Según datos oficiales, los ensayos clínicos de Sinopharm en el país andino se llevaron a cabo entre septiembre y diciembre de 2020 con unos 12.000 voluntarios. Los gestores locales del estudio recibieron 3.200 dosis adicionales destinadas al personal relacionado con la investigación, pero ahora se conoce que muchas fueron desviadas para políticos y sus allegados.
Dos ministras renunciaron y más funcionarios tambalean en medio de las investigaciones
El creciente escándalo ya le costó el puesto a la ministra de Salud Pilar Mazzetti, que dimitió el pasado 14 de febrero, cuando fue criticada y señalada como también responsable por la vacunación adelantada del destituido presidente.
Mazzetti dimitió en momentos en que el Congreso propuso una moción de censura contra ella. Algunos legisladores han cuestionado sus decisiones desde que comenzó la pandemia.
Ahora, previsiblemente también será investigada al conocerse este martes que ella misma formó parte del llamado ‘Vacunagate’.
La segunda ministra en dimitir fue la titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, que dejó su cargo el jueves tras admitir que fue un “grave error” haber recibido la vacuna el 22 de enero, antes de que la inmunización general iniciara. Horas más tarde renunció el viceministro de Salud, Luis Suárez-Ognio.
El recién nombrado ministro de Salud, Oscar Ugarte, dijo el lunes que una revisión inicial sugería que entre 15 y 20 altos funcionarios recibieron el antídoto de forma irregular, por lo que se prevé que más funcionarios sean relevados de sus cargos.
«Los que han estado involucrados en estos actos totalmente impropios e inapropiados no tendrán un lugar en mi Gobierno», advirtió Sagasti el fin de semana.
Mientras la indignación crece, Perú contabiliza a la fecha un total de 1.238.501 contagios y 43.880 víctimas mortales a causa del virus.
