Al menos 1.446 personas han fallecido en la ola de violencia que sufre Haití en los primeros cuatro meses de este año, denunció este martes (9.05.2023) la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El número de asesinatos, secuestros y ataques violentos a personas en el país caribeño se incrementó un 28 % entre enero y marzo respecto al mismo dato del último trimestre de 2022.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó en un comunicado la situación haitiana de «ciclo de violencia interminable». «Solo en el mes de abril, más de 600 personas murieron en una nueva ola de violencia extrema que golpeó a varios barrios de la capital», Puerto Príncipe, señaló.
También pidió a la comunidad internacional que «despliegue una fuerza de apoyo especializada y respetuosa con los derechos humanos con un plan de acción integral para ayudar a las autoridades del país».
La Oficina Integrada de la ONU en Haití alertó además del aumento de la actividad de bandas armadas en áreas de Puerto Príncipe, la capital del país, que anteriormente eran consideradas zonas seguras, especialmente los barrios de Kenscoff y Pétion Ville, así como en el departamento de Artibonite.
Los miembros de estos grupos violentos disparan de manera indiscriminada a civiles desde las azoteas de los edificios, irrumpen en vecindarios y viviendas, queman vehículos de transporte público y ejecutan a todas las personas que consideran opositoras a sus bandas.
Entre enero y marzo, la ONU registró la muerte de 21 policías y de 238 miembros de estos grupos, en una ola de violencia que provocó en ese primer trimestre que 13.490 personas huyeran de sus hogares para convertirse en desplazados internos.
En un marco de debilidad de las fuerzas de seguridad, la ONU advirtió por otro lado de la proliferación de brigadas de vigilancia parapoliciales promovidas en ocasiones por líderes políticos y periodistas.
Además, la violencia sexual hacia las mujeres y las niñas se ha generalizado en todo el país, y los secuestros de niños, profesores, médicos, funcionarios de justicia y gubernamentales también se han agudizado en los últimos meses.
En el terreno económico, las bandas están imponiendo impuestos ilegales a la ciudadanía, cortando el tráfico en las principales carreteras del país y saqueando negocios y vehículos.
