La ministra del Interior británica, Amber Rudd, renunció, en la primera pero probablemente no la última víctima del «escándalo Windrush». Un affaire que reveló cómo Gran Bretaña le negaba la ciudadanía a los inmigrantes caribeños, que habían llegado desde Jamaica, Barbados y las West Indies, a reconstruir Gran Bretaña en la posguerra cuando eran británicos.
Un inmenso golpe para May, que deberá reequilibrar su gabinete en plena negociación del Brexit, sin mayoría parlamentaria, y con 200 legisladores acusando a Rudd en una carta de hacer “una política migratoria en el camino” y mentir al Parlamento para salvarse de los devastadores efectos del affaire.
La caída de Rudd, una aristócrata pro europea británica, buscó proteger a la primera ministra Theresa May. Fue May quien creó este “medio ambiente hostil a los inmigrantes” cuando era ministra de Interior, con objetivos a cumplir y que Rudd debió aplicar. Aunque la ministra lo negó hasta ayer, incluso mintiendo en una interpelación parlamentaria. Hasta que el diario The Guardian publicó una carta de ella a May donde confirmaba que iba a cumplir “esos objetivos” de deportaciones de inmigrantes.
La primera ministra aceptó la renuncia este domingo, según informó Downing Street. Amber Rudd se encontraba bajo presión por el escándalo Windrush, donde tuvo que prometer que iba a entregar la nacionalidad a la generación Windrush, ante la fuerza del escándalo. La lleva a la dimisión haber mentido a los diputados la semana pasada, cuando dijo que el ministerio del Interior no tenía objetivos en números para limitar la llegada de inmigrantes, antes que admitir que existían, pero ella no lo sabía
Pero el diario The Guardian liquidó una cadena de mentiras el viernes. Publicó completa una carta donde Amber Rudd confirmaba su ambición de aumentar los números de inmigrantes a deportar, en una carta a Theresa May. En ella prometía, en una carta de cuatro páginas a la primera ministra , incrementar las deportaciones un 10 por ciento y establecer un “ambicioso pero posible” objetivo para aumentarlas.
Ella públicamente insistía que no había visto ni aprobado estos objetivos de deportaciones. Pero los funcionarios del propio ministerio del Interior sostenían que “no tenía sentido” y era “vergonzante” sostener que no había objetivos de deportaciones ni que no habría sido discutido a los más altos niveles. ”En el ministerio del Interior nosotros trabajamos con una cultura de objetivos” dijo la fuente ministerial.
