Una colombiana, sospechosa del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci en mayo del 2022, fue expulsada de El Salvador y enviada a su país este sábado donde seguirá un juicio, informó la fiscalía de Colombia.
Margareth L Chacón Zúñiga es señalada de «planeación, financiación y logística del homicidio del fiscal Marcelo Pecci» y «mañana será presentada ante juez de control de garantías para avanzar en el proceso de judicialización», indicó el ente investigador en Twitter.
Con esta captura suman siete los detenidos por el asesinato del fiscal antimafia, abatido frente a su esposa embarazada el 10 de mayo en la isla colombiana de Barú, próxima a Cartagena (norte).
Más temprano, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, anunció su expulsión en un mensaje de Twitter que acompañó de fotografías en las que se ve a la mujer de 42 años escoltada por agentes de Interpol mientras aborda un avión.
«Reiteramos: El Salvador no será refugio de criminales internacionales», escribió Villatoro.
Chacón fue detenida el miércoles junto al salvadoreño Wilber Huezo, de 47 años, acusado de haberla ocultado en el país centroamericano.
Las autoridades salvadoreñas allanaron dos casas donde se ocultaba la sospechosa y decomisaron pasaportes colombianos, teléfonos celulares, computadores portátiles y unos 15.000 euros, además de algunos dólares, pesos colombianos y mexicanos.
Las autoridades no han determinado a los autores intelectuales del homicidio de Pecci, quien investigaba casos de narcotráfico y crimen organizado.
Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quienes provean información sobre los responsables.
A lo largo de la investigación internacional han surgido como sospechosas algunas organizaciones criminales como la brasileña PCC (Primeiro Comando da Capital), la venezolana Tren de Aragua y la uruguaya Clan Insfrán.
Pecci, especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina