La fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, enfrentó este jueves 9 de abril el rechazo del público presente durante su entrevista ante la Comisión de Postulación en la Corte Suprema de Justicia, en el proceso para su posible reelección. Mientras comparecía, varios asistentes le dieron la espalda como forma de protesta contra su continuidad al frente del Ministerio Público.
A esta manifestación se sumó el pronunciamiento de autoridades indígenas y defensores de derechos humanos, quienes en conferencia de prensa rechazaron su postulación y solicitaron que no sea incluida en la nómina final de candidatos. “Rechazamos la postulación de la actual fiscal María Consuelo Porras Argueta por ser una persona antidemocrática y sancionada por la comunidad internacional”, expresaron, al mismo tiempo que exigieron a la comisión evaluadora excluirla del proceso. También argumentaron que no cumple con los requisitos constitucionales de idoneidad, honradez y honorabilidad.
Porras, de 72 años, busca un tercer período al frente del Ministerio Público de Guatemala, en medio de fuertes cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional. Diversos sectores la señalan de haber empujado al exilio a fiscales anticorrupción, periodistas y líderes sociales, acusaciones que ella ha negado reiteradamente, asegurando que se trata de una persecución política.
La fiscal general ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea, bajo señalamientos de corrupción y de obstaculizar investigaciones clave. Estas medidas han contribuido a su aislamiento internacional y han reforzado las críticas sobre el debilitamiento de la lucha anticorrupción en Guatemala durante su gestión.
Entre los episodios más controvertidos de su administración destaca la destitución en 2021 del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, decisión que fue interpretada por organizaciones civiles y actores internacionales como un retroceso en el combate a la impunidad. Asimismo, ha sido señalada de promover acciones judiciales contra jueces, fiscales y periodistas independientes.
Su papel durante la crisis electoral de 2023 también generó cuestionamientos, por presuntas acciones orientadas a afectar los resultados de los comicios.
