La comisión del Senado de Brasil aprobó el martes un informe en el que recomendó inculpar al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos por su gestión de la crisis sanitaria durante la pandemia, que ha dejado más de 606.000 muertos en el país.
Aunque la pregunta ahora es hasta qué punto afectará al ultraderechista los trabajos de los senadores, muchos analistas concuerdan en que Bolsonaro sigue contando con numerosos apoyos en el Congreso y que será poco probable que las denuncias le afecten a nivel judicial.
Poco después de la votación, sin mencionar la investigación, el expresidente de EE.UU. Donald Trump envió un mensaje de apoyo a Bolsonaro. Por su parte, este miércoles, en una entrevista a TV Jovem, el presidente calificó de «payasada» la comisión, pero reconoció que fuera de Brasil «la imagen es pésima» y afecta a la economía.
El informe, en el que también se acusa a otras 78 personas, entre ellas tres hijos del mandatario, afirma que por medio de sus declaraciones y acciones Bolsonaro expuso deliberadamente a la población al contagio en masa.
Según el documento, Bolsonaro tuvo responsabilidad en los delitos de epidemia con resultado de muerte; infracción de medidas sanitarias preventivas; curanderismo; incitación al delito; falsificación de documento privados; empleo irregular de fondos públicos; prevaricación; delito de responsabilidad y crimen contra la humanidad.
Las siete primeras acusaciones son delitos comunes, con penas de prisión o multa, mientras que los crímenes de responsabilidad pueden conducirle a un proceso de ‘impeachment’ en el Congreso y los crímenes contra la humanidad a ser juzgado ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya, en Holanda.
Los delitos denunciados y próximos pasos
Pero la comisión no tiene poder para denunciar y sus conclusiones serán enviadas a los órganos competentes, como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Penal Internacional de La Haya para que prosigan las investigaciones.
En lo que respecta a los delitos comunes, las denuncias se presentaron este miércoles ante el fiscal general de la República, Augusto Aras, uno de los aliados del presidente y que cuenta con potestad para entablar acciones penales contra él. Aras tendrá 30 días para presentar las denuncias ante el Supremo Tribunal Federal (STF), pero puede optar por archivar el caso.
Por otro lado, los crímenes de responsabilidad deberán pasar ante el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, otro de sus grandes aliados del mandatario, por lo que resulta poco probable que aceptase una solicitud de ‘impeachment’.
Los crímenes contra la humanidad dependen del Tribunal Penal Internacional y, según O Globo, un eventual proceso podría tardar en materializarse entre cinco y 15 años.
El mayor impacto: las elecciones
En los que sí concuerdan los analistas es que el mayor impacto para Bolsonaro será de cara a las elecciones de octubre de 2022. Las encuestas apuntan desde hace meses como favorito al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien hasta el momento no ha confirmado su candidatura.
Con el hambre azotando a la población más vulnerable, una subida de la gasolina de casi un 40 % en los últimos 12 meses y una inflación que se ubicó en 10,25 % en septiembre, a Bolsonaro –cuya popularidad se ha desplomado– le llueven las críticas a nivel económico.
«Los brasileños ahora están diciendo que el Ejecutivo no tiene capacidad para gestionar la economía. La inflación en alza, con el peso más concentrado en los alimentos, la energía eléctrica y el combustible, desgasta la imagen del presidente de la República», señaló recientemente al analista político Valdo Cruz.
