Paro armado en Colombia: el fracaso de la política de seguridad del Gobierno, según analistas

El pasado jueves, cuando ni siquiera Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’, máximo jefe la estructura narcoparamilitar del Clan del Golfo se había declarado inocente ante la justicia estadounidense tras su extradición a ese país desde Colombia el día anterior, la organización criminal decretó un paro armado en desafío a la decisión del Ejecutivo del presidente Iván Duque.

96 horas después de aquello, este sábado las autoridades han confirmado más de 150 afectaciones a la población civil y a las fuerzas de seguridad en 89 municipios de 11 departamentos del país.

Las zonas más comprometidas por las acciones del Clan del Golfo se sitúan en la franja norte del país, en los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba, Chocó, Bolívar o La Guajira.

Allí, en las últimas horas se produjeron un centenar de quemas de vehículos, prohibiciones a la movilidad y cierre de establecimientos comerciales, entre otras cosas.

La fuerza pública, bajo el mando del ministro de Defensa, Diego Molano, explicó que están haciendo frente al desafío lanzado por la estructura criminal con más de 100 caravanas de vehículos para custodiar la movilidad y evitar el bloqueo en nueve carreteras principales de las regiones del Bajo Cauca y el Urabá, en Antioquia, bastiones del Clan del Golfo donde, precisamente, fue detenido ‘Otoniel’ el pasado 23 de octubre de 2021.

Molano ofrece recompensas millonarias por presuntos cabecillas del Clan del Golfo

El paro armado tiene por objetivo amedrentar a la fuerza pública y a la población civil mediante restricciones al comercio, bloqueos al transporte y la movilidad e incluso asesinatos selectivos.

De acuerdo con los reportes de otros paros llevados a cabo por diferentes grupos armados ilegales en los últimos tiempos, ninguno ha demostrado ni tal nivel de violencia ni de simultaneidad en tantas regiones como el liderado por el Clan del Golfo en estos días.

Frente al enorme reto que supone para el Estado, este sábado el titular de Defensa anunció recompensas de hasta 5.000 millones de pesos colombianos para quien dé con el paradero de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, y Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias “Siopas”, los presuntos sucesores de ‘Otoniel’ al frente de la banda.

Según las autoridades colombianas, los hostigamientos liderados por el Clan del Golfo pueden formar parte de las represalias por la extradición de Úsuga, lo que pone en el foco a sus socios como promotores de los actuales ataques.

Ni la detención de ‘Otoniel’ ni su extradición supusieron el fin del grupo narcoparamilitar.

Tras la captura de ‘Otoniel’ en octubre de 2021, el presidente Iván Duque salió a celebrar que «se marca el final del Clan del Golfo». Sin embargo, los datos dicen lo contrario allá donde opera la estructura armada.

La Fundación Paz y Reconciliación publicó en marzo un informe llamado «Plomo es lo que hay: Violencia y seguridad en tiempos de Duque» que destaca que el Clan del Golfo, pese a la detención de ‘Otoniel’, continúa siendo el grupo criminal más poderoso de Colombia.

«Con la captura de ‘Otoniel’ el Clan del Golfo no se vio afectado de manera estructural, ya que no ha sido visible una desestabilización organizacional como consecuencia de dicho hecho», reza el documento.

El informe señala igualmente que tras la desmovilización de las extintas FARC luego de la firma del acuerdo de paz de 2016, el Clan del Golfo pasó a ocupar el vacío que dejó la guerrilla en algunos territorios.

En la actualidad, la estructura narcoparamilitar opera «a través de cuatro estructuras, 22 subestructuras y dos comisiones conformadas por aproximadamente 3.260 integrantes, entre ellos, 1.461 armados».

El paro armado se da además en medio de la campaña electoral de los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 29 de mayo, unas elecciones cruciales enmarcadas en el contexto pospandémico y tras los sucesivos paros nacionales que sacaron a millones de colombianos a las calles exigiendo responsabilidades a la Administración Duque.

Lo que dicen los expertos sobre el paro armado

En France 24 conversamos con cinco analistas sobre las posibles implicaciones del paro armado, el contexto electoral y la reciente exposición de fuerza del Clan del Golfo en un tercio de los departamentos del país.

Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación; Juan Federico Pino profesor titular de Flacso—Ecuador; Daniela Guzmán, politóloga e investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación; la politóloga Pilar Gaitán; y Andrés Macías Tolosa, investigador de la Universidad Externado de Colombia, coincidieron en que el paro armado evidencia nuevamente el fracaso de las políticas de seguridad del actual mandatario.

«Lo que termina de mostrar el paro armado es la quiebra total de la apuesta de la seguridad de Duque. En primer término, por inacción, y luego porque no se ha visto una respuesta del Estado coherente y sistemática para hacerle frente a este reto. En mi opinión esto, de alguna manera, debilita a la candidatura programática más cercana a Duque, que es la de Federico ‘Fico’ Gutiérrez, y creo que puede fortalecer el discurso en términos de paz integral que ha manejado la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez (su fórmula vicepresidencial)», apunta el profesor Pino.

Petro, candidato del Pacto Histórico lleva meses liderando los sondeos preelectorales. El último, publicado el 30 de abril por la empresa Invamer, lo sitúa en un 43% de intención de voto, a más de siete puntos porcentuales de la mayoría que otorgaría la victoria esquivando el balotaje.

Sin embargo, el investigador de la Universidad del Externado, Macías Tolosa, sostiene que aunque «el paro armado ha demostrado que la capacidad del Estado para ejercer el control en todo el territorio» este escenario «incide directamente el contexto electoral, lo que nos puede llevar a pensar que el próximo presidente debe fortalecer la fuerza pública para fortalecer de una manera más contundente a estos grupos armados ilegales».

La politóloga Pilar Gaitán, que es reticente a llamarlo «paro armado», subraya que lo que está aconteciendo estos días en Colombia «es más una afrenta total contra el Estado de Derecho, terrorismo puro y duro». Además, cree que las implicaciones de este de cara a las elecciones pueden atraer a más violencia: «intimida a la gente, va contra el sufragio libre, aumenta los riesgos de seguridad de las personas, de las organizaciones, de la movilización política… a un clima que se ha caracterizado por el agravio y la polarización, estas acciones del Clan del Golfo puede atraer más violencia», confirmó la experta.