Monseñor Carlos Herrera, obispo de la Diócesis de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ha sido desterrado a Guatemala tras expresar su descontento con las autoridades locales. Según informó Mosaico CSI, la expulsión del obispo ocurrió luego de que este calificara de “sacrílego” el acto de colocar música a alto volumen frente a la Catedral San Juan Bautista durante una eucaristía el 10 de noviembre. “Esto es un sacrilegio lo que están haciendo el alcalde y todas las autoridades municipales”, citó el medio al obispo durante su sermón dominical.
El descontento del jerarca eclesiástico surgió cuando Leónidas Centeno, alcalde de Jinotega afiliado al régimen orteguista, ordenó la colocación de parlantes a gran volumen, coincidiendo con la hora de la misa. La crítica de Herrera no solo se dirigió a las autoridades, sino también a los fieles presentes, instándolos a “pedir perdón a Dios por ellos y por nosotros”. Esta situación llevó a su captura y, según el medio, Herrera fue llevado a Guatemala, donde se encuentra ahora en una residencia de la Orden de Frailes Menores.
Mosaico CSI destaca que el secuestro de monseñor Carlos Herrera por la policía orteguista se produjo tras asistir a una reunión en Managua en la sede de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Desde entonces, permanece fuera del país, uniéndose a los 245 religiosos que han salido de Nicaragua desde 2018 debido a la persecución religiosa impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Martha Patricia Molina, investigadora católica, señaló en su informe que la salida de religiosos incluye obispos, sacerdotes, diáconos y seminaristas, muchos de los cuales han sido desterrados o forzados al exilio.
Las cifras del informe de Molina mencionan que, desde abril de 2018 hasta julio de 2024, la iglesia católica ha sido objeto de 879 ataques por parte del gobierno nicaragüense. Además, se han prohibido miles de procesiones religiosas, sumando un total de 9.688 eventos cancelados. Esto refleja la magnitud del asedio que enfrenta la comunidad eclesiástica en Nicaragua.
En un contexto más amplio, el régimen también ha tomado acciones severas contra los medios de comunicación relacionados con la iglesia. Mosaico CSI informó que se han cerrado y confiscado múltiples estaciones de radio y televisión que pertenecían a las diócesis católicas, intensificando así el control sobre el flujo de información. “La situación es crítica, pues se limita la libertad de expresión y religión”, mencionó un representante anónimo de la iglesia al medio, destacando que las restricciones no solo afectan a los religiosos, sino también a la población en general.
La expulsión de Herrera es un reflejo más de la fuerte relación de conflicto entre el gobierno nicaragüense y la iglesia católica. La represión contra los líderes religiosos es vista como una estrategia para silenciar voces críticas en el país. Hasta la fecha, 91 religiosas han sido expulsadas, según el informe actualizado del estudio de Molina, presentado el pasado mes de agosto.
Como resultado de estas tensiones, la comunidad internacional ha comenzado a prestar más atención a la situación en Nicaragua. Líderes de diferentes países han expresado su preocupación por las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales a las que está sometida la iglesia católica dentro del territorio nicaragüense.
Este destierro no solo marca una intensificación de las represiones, sino que también evidencia la persistencia de las tensiones políticas y sociales bajo el actual régimen. Mosaico CSI ha seguido de cerca estos eventos, buscando denunciar las violaciones y dar voz a aquellos que enfrentan persecución por su fe y sus declaraciones públicas.
