Dirigentes y partidos opositores de Venezuela repudiaron las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General contra cinco políticos que militan en formaciones antichavistas y que ahora no podrán competir por cargos de elección popular.
La Contraloría de Venezuela, de línea oficialista, informó que inhabilitó políticamente a dos alcaldes en ejercicio y tres exdiputados, que se suman a una extensa lista de dirigentes que incluye a la líder María Corina Machado.
Este tipo de sanción ha sido practicada sistemáticamente durante la era del chavismo, apuntando a dirigentes con amplia popularidad como Machado, quien ganó las primarias de la oposición y es favorita en las encuestas, pero quedó inelegible para los comicios del 28 de julio en los que el presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato.
Las sanciones fueron anunciadas por un período de 15 años para los alcaldes Elías Sayegh del municipio El Hatillo del Área Metropolitana de Caracas, y José Antonio Fernández López del municipio Los Salias del estado Miranda (centro).
También fueron inhabilitados por 15 años los exdiputados Tomás Guanipa y Carlos Ocariz, excalde del municipio Sucre (2008-2017), mientras que la sanción fue de 12 meses para el exparlamentario Juan Carlos Caldera. Todos copartidarios del dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, otro inhabilitado por la Contraloría, en 2017.
Contraloría no precisó motivos de inhabilitaciones
Las resoluciones donde están asentadas las inhabilitaciones tienen fecha del 16 de abril de 2024, según el documento publicado por la Contraloría en su sitio oficial, que no precisa las razones por las que fueron sancionados los políticos.
El candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -el principal bloque opositor-,Edmundo González Urrutia, expresó su solidaridad con los sancionados.
La Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación calificó las medidas como ilegales e inconstitucionales. «Exigimos la restitución de los derechos políticos de todos los inhabilitados, el cese de la persecución y criminalización de la política y el cumplimiento íntegro del Acuerdo de Barbados», agregó el bloque opositor, detalló el diario local El Nacional.
«Repudiamos las nuevas inhabilitaciones de la Contraloría General, una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país», expresó el exdiplomático en X.
Capriles: «inhabilitaciones ilegales e inconstitucionales»
En la misma red social, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de usar la Contraloría «como brazo ejecutor de su visión represiva y antidemocrática».
«Nuevas inhabilitaciones ilegales e inconstitucionales en contra de compañeros sin delito alguno, pero, más grave aún, sin derecho a la defensa», expresó el opositor, quien auguró que en las presidenciales del próximo 28 de julio «millones» votarán para sacar al chavismo del poder, al que llegó en 1999.
Asimismo, el partido Primero Justicia (PJ), en el que militan tres de los sancionados, consideró que estas medidas constituyen un «claro intento de socavar el proceso democrático y la unidad» de la oposición, de cara a las elecciones de julio.
«Instamos a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos a condenar estas acciones y monitorear la situación en Venezuela», agregó la formación.
