Un centenar de organizaciones sociales convocaron para este martes a una huelga general en Chile, a la que adhieren trabajadores de la salud pública, profesores, operarios portuarios y tercerizados del cobre, para presionar al gobierno de Sebastián Piñera a que profundice las reformas sociales.
Más de tres semanas después de que estallaran las primeras protestas sociales, con ataques a la mitad de las estaciones del metro de Santiago, saqueos a tiendas y supermercados, y multitudinarias manifestaciones callejeras, agrupaciones reunidas en la llamada “Mesa Social” decidieron medir fuerzas y llamaron a paralizar “totalmente” el país.
“Llamamos a paralizar totalmente las faenas productivas y puestos de trabajo”, afirma la convocatoria, firmada por más de 100 organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de los aeropuertos.
La Confederación Nacional del Cobre, que agrupa a trabajadores tercerizados de la minería, también se unió al llamado.
Con casi un tercio de la oferta global, equivalente a unos 5,6 millones de toneladas producidas al año, Chile es el principal productor mundial de cobre.
A primera hora, la convocatoria llama a hacer actividades de “agitación y propaganda” y a movilizarse al mediodía en el centro de las principales capitales de Chile.
Los colegios públicos adhirieron en pleno al llamado y gran parte de los colegios privados también se sumaron, algunos por razones de seguridad. La mayoría de las universidades no tiene actividades desde que estallaron las movilizaciones.
El transporte estatal no se había sumado al llamado y el aeropuerto de Santiago no se iba a paralizar completamente.
“Este Aeropuerto no puede estar ajeno a lo que pasa en Chile”, manifestó el líder de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, precisando, no obstante, que “algunos grupos” de trabajadores de la Aduana, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) “no se van a sumar a la paralización completamente”.
En los sectores privados, los llamados de la Central Unitaria de Trabajadores –la mayor multisindical del país- tienen un escaso apoyo, en un país con bajo nivel de sindicalización.
Giro presidencial
La pulseada se realiza en la cuarta semana de manifestaciones -que se saldan con 20 muertos y miles de heridos-, en momentos en que el presidente Piñera dio un giro y anunció el inicio de un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aunque no con una Asamblea Constituyente –como se pide en las calles – sino a partir de un “Congreso Constituyente”, cuyos detalles y composición aún no se definen.
El gobierno de Piñera logró también un acuerdo con la oposición política para impulsar una reforma tributaria que recaudaría unos 2.000 millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que ha realizado para acallar las protestas sociales.
Pero los gremios exigen reformas más profundas al sistema de pensiones –heredado también de la dictadura- y que entrega pensiones bajísimas a la mayor parte de sus jubilados, por debajo del salario mínimo (420 dólares). También piden incrementar el presupuesto a la salud pública, donde se atiende casi el 80% de la población chilena y aumentar el salario mínimo.
Tras casi cuatro semanas de manifestaciones, el golpe a la economía ha sido fuerte, afectando especialmente al comercio y al turismo.
La Cámara de Comercio de Santiago estimó que desde el estallido social las ventas del comercio han caído en promedio un 50%. Tras la cancelación de dos reuniones internacionales (Apec y la COP-25), además de la final única de la Copa Libertadores, el sector del turismo acusaba igualmente millonarias pérdidas.
El gobierno ya estimó para octubre una caída del PIB de hasta 0,5%.
