El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil envió el martes al Superior Tribunal de Justicia (STJ) un parecer en el que considera que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba por corrupción, ya cumplió el tiempo suficiente de su condena para pasar al régimen semiabierto.
Para la subprocuradora Áurea Lustosa Pierre, el STJ debe discutir una eventual progresión del régimen de Lula por haber cumplido una sexta parte de la condena, pero todavía no hay fecha prevista para el juicio.
Lula fue condenado en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel en julio de 2017, una vez que el juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia en el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, dio por comprobado que recibió un apartamento de parte de la constructora OAS a cambio de favorecer a esa empresa.
En enero de 2018, un tribunal de segunda instancia ratificó esa sentencia y la amplió hasta los doce años y un mes. Sin embargo, el STJ la rebajó a ocho años y diez meses en abril pasado.
El mes pasado, la defensa del ex presidente (2003-2010) pidió al STJ -tercera instancia y segunda corte en jerarquía del país- que se le conceda el régimen abierto tras esta última reducción de pena.
Si la demanda fuera aceptada, Lula podría cumplir el resto de su condena en un estado de libertad vigilada, que le permitiría salir durante el día y permanecer solamente las noches y fines de semana en un establecimiento carcelario o incluso en su domicilio.
No obstante, Lula, que acumula un total de ocho procesos penales, recibió en febrero pasado una segunda condena de 12 años y 11 meses por corrupción dictada en primera instancia y pendiente de revisión en cortes superiores.
De confirmarse esa segunda pena en un tribunal de segunda instancia, el ex gobernante quien está encarcelado desde abril de 2018 en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, tendría que permanecer o volver a prisión, en caso, este último, de que fuera excarcelado al pasar a un eventual régimen semiabierto.
