Los fabricantes de armas y municiones de EE.UU. respondieron este lunes a la demanda que interpuso el Gobierno mexicano ante la Corte Federal del Distrito de Massachusetts, como parte del litigio que inició la Administración de Andrés Manuel López Obrador contra 11 compañías norteamericanas, a quienes señaló por prácticas negligentes que alimentan la violencia en la nación latinoamericana.
En el último día habilitado para responder, las compañías estadounidenses presentaron sus alegatos de defensa para desestimar la demanda interpuesta el pasado 4 de agosto, según confirmó el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Alejandro Celorio.
«Forma parte del proceso ordinario en el litigio», apuntó Celorio al informar sobre el oficio de respuesta de los fabricantes de armas y municiones.
En el capítulo tercero, las compañías estadounidenses argumentan que México «falla en denunciar hechos que demuestren que las prácticas comerciales de los acusados son la ‘causa inmediata’ de las lesiones causadas» por los cárteles del narcotráfico.
Asimismo, exponen en otro inciso que los fabricantes «no tienen la obligación legal de proteger al Gobierno mexicano de los delincuentes mexicanos que abusan de las armas de fuego» en el territorio.
Demanda de México
Por su parte, el Gobierno mexicano argumenta que los fabricantes estadounidenses incurren en «prácticas negligentes» en el diseño, publicidad y venta de armamento, entre ellas la falta de revisión de antecedentes de los compradores, la permisibilidad en la venta múltiple de armas y la negativa a rastrear las armas vendidas, lo que dificulta el combate a las rutas de trasiego ilegal.
Según las cifras del Gobierno mexicano, anualmente se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde la nación norteamericana que alimentan «el poder del fuego» de las organizaciones criminales.
«Tan solo en 2019, estas armas fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México», apuntó la Cancillería latinoamericana.
Con la interposición de esta demanda, el Gobierno mexicano busca una compensación económica en concepto de reparación del daño y que las compañías estadounidenses adopten mayores controles en la producción, distribución y venta de armas y municiones.
Tras la respuesta de este lunes, México presentará su réplica el 31 de enero de 2022 y, posteriormente, los fabricantes de armas expondrían una contrarréplica ante la Corte Federal de Massachusetts, a más tardar el 28 de febrero de ese mismo año.
