Asociaciones ciudadanas, integradas por representantes de distintos sectores sociales de Panamá, rechazaron el jueves sentarse a la mesa con el Gobierno en medio de las protestas en el país por el mal uso de la finanzas públicas y el alto coste de vida.
La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados (Anadepo) y la Alianza del Pueblo Unido por la Vida señalaron que no acudirán a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno panameño en la Ciudad del Saber, barrio de negocios ubicado en Ciudad de Panamá.
De acuerdo con la Alianza del Pueblo Unido por la Vida, la convocatoria de la Administración que dirige el presidente panameño, Laurentino Cortizo, no es sincera y no quieren precondiciones ni mediación de la Iglesia Católica, que se ha ofrecido como puente para encontrar una solución a la crisis, según recogió el diario local La Prensa.
“Exhortamos a la cordura para no afectar el diario convivir y evitar los daños a terceros, a la paz social y al proceso de recuperación económica. Este Gobierno ha optado siempre por el diálogo honesto y la tolerancia”, pidió la Iglesia Católica en un comunicado recogido por Radio Panamá.
Los manifestantes, que protestan desde hace dos semanas por los altos precios de los combustibles y los productos básicos, así como por el mal manejo de las finanzas públicas y la corrupción, han bloqueado calles y algunas de las principales vías de acceso a los núcleos urbanos.
Aunque se registran algunos enfrentamientos aislados, las protestas son pacíficas, incluso con música y bailes.
El descontento se produce en un escenario de 4,2% de inflación interanual registrado en mayo y una tasa de desempleo en torno al 10 por ciento. El precio del combustible se incrementó un 47% desde inicios de año, valiendo actualmente 5,17 dólares el galón de gasolina (3,78 litros).
Pero el presidente Laurentino Cortizo anunció una reducción a partir de este viernes a 3,95 el galón y el congelamiento del precio de algunos alimentos. La ciudadanía lo considera insuficiente.
La Asamblea Nacional de Panamá anunció este mismo miércoles un plan de austeridad de nueve puntos que contempla la suspensión de viajes y desplazamientos —tanto fuera como dentro de Panamá— de los miembros del Gobierno y de otros altos funcionarios.
Otras de las medidas son la congelación de aumentos salariales y nuevos nombramientos, de jornadas de capacitación, servicios de publicidad, así como de la compra de equipos y material para las instituciones.
Panamá experimenta así una de las mayores crisis sociales desde que en 1989 cayó la dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega tras la invasión estadounidense.
En este país de más de 4 millones de habitantes, en torno al 20% de la población vive en condiciones de pobreza.
Pese a su economía dolarizada, altos índices de crecimiento económico y un canal interoceánico que aporta más de 2.000 millones de dólares anuales al tesoro nacional, el país presenta uno de los mayores índices de desigualdad del mundo y deficientes servicios públicos de sanidad y educación.
