Las aguas fecales inundan Lima

A media hora de la plaza de Armas de Lima, el corazón de la capital peruana, la calle de Los Hinojos se ha convertido esta semana en lo más parecido a una zona de desastre. Los dueños de negocios y los residentes limpiaban sus fachadas, manchadas por las aguas residuales que treparon hasta metro y medio tras el desborde de un colector. Mientras tratan de sobreponerse a los olores, otros tratan de adecentar en plena acera los muebles que han podido rescatar de la nauseabunda crecida de aguas fecales: sillas, sofás, lavaderos y estantes de salones de belleza. Se lavan las manos con botellas de agua y caminan cargando cubetas que han llenado en uno de los 44 puntos de abastecimiento de emergencia en el distrito.

Desde la madrugada del domingo, cuando se produjo el fallo en el colector —derivado de la rotura de una tubería—, algo más de 1.900 vecinos se han visto afectados en el distrito de San Juan de Lurigancho, al este de Lima. Y a pesar de que los damnificados se concentran en menos de un kilómetro cuadrado, la respuesta de las entidades públicas y privadas ha sido deficiente, según denuncian prácticamente al unísono, en conversación a EL PAÍS. El conducto fue colocado por la constructora brasileña Odebrecht —protagonista de uno de los mayores casos de corrupción de las últimas décadas en América Latina— durante la construcción de la línea 1 de Metro de la capital peruana.

El miedo a un problema sanitario de calado es hoy la principal preocupación en la zona. Pero las consecuencias económicas de la crecida también se empiezan a sentir. «El martes nos dijeron que sacáramos todo [lo que estuvo en contacto con las aguas] para evitar un foco infeccioso. Botamos todo, pasó un Caterpillar [una pala] y se lo llevó. No sabíamos que la aseguradora iría horas después: cuando llegó el ajustador [perito] nos dijo que solo podía reconocer lo que estaba a la vista. ¿No es esa una mala jugada? Estamos muy afectados y nos hacen eso», describe Rocío García, maestra de escuela, a la puerta de su casa, en una de las calles más afectadas.

La profesora y su marido, también maestro, ambos en la cincuentena, invirtieron todos sus ahorros en un pequeño restaurante que iban a abrir. El equipamiento —muebles, menaje, etcétera— lo han perdido, pero el perito no lo incluyó en el acta. «Con ese micronegocio queríamos pagar la universidad, pero la aseguradora no nos quiere reconocer. ¿Quién nos puede ayudar?», se pregunta. Uno de sus hijos, André, estudiante de medicina, aguarda fuera de la casa información sobre la entrega de agua o alimentos, la fumigación, o la posibilidad —que nadie descarta— de un nuevo desborde. En la misma situación están el resto de damnificados, que hacen fila para recibir los víveres más básicos.

«Nos dijeron que limpiáramos porque vendrían a fumigar. Lo hicimos, pero nuevamente esta mañana se inundó [de aguas residuales]. Las aguas salían dentro de la casa», muestra García en la cocina y el baño. El líquido llegó el domingo hasta por encima de la rodilla y a mitad de semana volvió a alcanzar una altura aproximada de 30 centímetros. Las marcas de las paredes han quedado como prueba de la crecida.

André ha tenido que faltar a una entrevista de trabajo: no podía dejar solos a su madre, diabética, y a su padre, enfermo y conectado a una bolsa de suero, pero que tuvo que estar toda la mañana del domingo limpiando en medio de las aguas usadas. «Es un claro ejemplo de que un acto de corrupción influye en la sociedad», denuncia. «Los que no tenemos nada que ver hemos resultado perjudicados».

La instalación de la tubería que se obstruyó y, posteriormente, rompió, fue responsabilidad de Odebrecht, la firma constructora de la línea 1 del Metro, y no sigue las exigencias de Sedapal, la compañía estatal de agua y saneamiento. El ministro peruano de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Piqué, anunció que se han encontrado curvaturas y roturas en el ducto y en las uniones de los tubos, deformaciones que causaron el atoramiento y posterior desborde de las aguas residuales.

Declaración de emergencia

Tanto la empresa brasileña como su socia en el consorcio, la peruana Graña y Montero, son investigadas por corrupción y por, supuestamente, inflar el coste de esa obra y de la carretera Interoceánica Sur. La infraestructura se llevó a cabo durante el segundo Gobierno de Alan García, también investigado por colusión, lavado de activos y tráfico de influencias vinculados a esta concesión.

Este viernes, las autoridades han decretado 60 días de emergencia en la zona afectada dado el «gran aniego y colapso del sistema de saneamiento». La medida habilita a los ministerios implicados y a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho a tomar medidas excepcionales de respuesta y rehabilitación.

Joel Bustíos, residente en una de las calles anegadas, lamenta sobre todo la falta de información. «Que sean sinceros: nos dijeron que hoy iban a venir a fumigar, pero hubo otra vez un desborde, y volvimos a limpiar. Y también en otras zonas reaparecen las aguas servidas. Todos trabajamos pero estamos aquí cuidando nuestras casas y nadie nos reconoce esos daños y el tiempo perdido». La aseguradora, denuncia, solo quiere reconocer una parte pequeña de los daños sufridos en la farmacia que regenta: 90 dólares sobre un total de 1.400 perdidos en medicamentos.