Grupos de la sociedad civil de Filipinas lanzaron este lunes un proceso de destitución contra la vicepresidenta, Sara Duterte, a la que acusaron de corrupción, en plena disputa entre la hija del expresidente y el actual mandatario, Ferdinand Marcos Jr.
Además de haber sido acusada de estar detrás de múltiples escándalos de corrupción, los demandantes afirmaron en un comunicado que los cargos también incluyen «sobornos, traición a la confianza pública y otros crímenes» como el de estar directamente involucrada en asesinatos extrajudiciales durante su época como alcalde de Davao.
La «reclamación histórica» fue presentada por el diputado Perci Cendaña en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso filipino.
«Apoyo plenamente a los valientes ciudadanos que piden que Duterte responda por sus flagrantes violaciones de la Constitución, su corrupción atroz y su complicidad en asesinatos en masa», afirmó Cendaña en un comunicado.
El político añadió que el proceso de destitución contra Sara Duterte es «un primer paso» en una «campaña más amplia para que su padre y sus aliados paguen por sus crímenes».
Sara Duterte está siendo investigada por la cámara baja del Congreso por supuestamente utilizar de forma irregular fondos reservados de Inteligencia. Su relación con Marcos Jr., con quien se presentó de forma conjunta a las elecciones de 2022, se ha deteriorado en los últimos meses hasta desembocar en una ruptura completa.
La vicepresidenta abandonó el Gobierno el pasado junio, y el 22 de septiembre afirmó haber dado órdenes de matar al presidente, a su mujer y al presidente de la Cámara de Representantes, si ella era asesinada primero.
El proceso de destitución lanzado hoy se añade pues a los problemas legales de la vicepresidenta, que además de ser investigada por posible corrupción debe afrontar una querella sobre sus supuestas amenazas de muerte a Marcos Jr., presentada la semana pasada por la Policía.
El presidente filipino, sin embargo, afirmó el pasado viernes que no estaba a favor de un proceso de destitución contra Sara Duterte, ya que la moción acabaría bloqueando a ambas cámaras del Congreso sin aportar beneficios reales a los habitantes del país asiático.
