Hay más conciencia social, más leyes, más estadísticas y una respuesta estatal más presente, pero aún así la violencia feminicida se mantiene en la región. Por eso también hay más gritos que exigen que se detenga.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) diagnosticó en su último reporte la persistencia del problema en 26 países y territorios: una mujer es asesinada por razones de género cada dos horas.
En 2022, las víctimas latinoamericanas de feminicidios sumaron 4.050, según las cifras entregadas por los Estados, publicadas esta semana con ocasión de la conmemoración el sábado del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Pero los colectivos aseguran que esta lacra es mayor de lo que evidencian los datos oficiales.
“Por el derecho a vivir de todas las mujeres», gritaba el sábado un grupo de mujeres brasileñas en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.
“¡Basta!”, exigían con los nombres de algunas de las víctimas a sus pies acompañadas de zapatos sin dueña.
Estos asesinatos son, en palabras de la Cepal, “la expresión extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas”.
De ahí que, como cada 25 de noviembre, las voces crispadas se multipliquen y se convocaran marchas y manifestaciones de uno a otro extremo del continente.
A más de 8.000 kilómetros de las playas de Río de Janeiro, en Ciudad de México, las protestas iniciaron el viernes por la noche con la plaza principal de la capital del país transformada en un ‘cementerio’ de mujeres.
Colectivos feministas cubrieron parte del Zócalo, frente a la sede presidencial, de cartones rosas que simulaban lápidas. Donde debía leerse el nombre de la difunta aparecía la palabra “feminicidio”. El singular panteón, decorado con veladoras y carteles en recuerdo de las mujeres asesinadas en el país, lanzaba una exigencia silenciosa de justicia.
En otro acto reivindicativo, en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México decenas de personas “intervinieron” siluetas violetas de mujeres con el puño en alto recortadas en madera en las que escribieron lemas o donde colocaron fotografías de las ausentes y con las que muchas marcharían este sábado en las manifestaciones previstas durante el día.
Según las estadísticas que maneja la Cepal a partir de encuestas en 10 países de la región, alrededor de 2 de cada 3 mujeres son víctimas de violencia por razón de género en distintos ámbitos. Además, 1 de cada 3 vive o vivió agresiones físicas y/o sexuales por su pareja o expareja, “lo que conlleva el riesgo de la violencia letal, según la OMS (Organización Mundial de la Salud)”.
El organismo regional concluye, por tanto, que la amenaza recae sobre 88 millones de mujeres mayores de 15 años de América Latina y el Caribe. En el caso de las de más de 65 años, la violencia está “comúnmente normalizada e invisibilizada”.
Pero va más allá.
El último reporte deja en evidencia que un 4% del total de víctimas son niñas menores de 15 años. Y, según Cepal, hay casos de matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados en 1 de cada 5 niñas. “Son una práctica nociva”, califica el documento, pero aún “persistente y extendida en la región”.
Además, más de 400 menores perdieron a su madre o cuidadora por feminicidio en 2022.
José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo del organismo regional, señaló en el comunicado que “la violencia feminicida se puede prevenir con respuestas estatales integrales y contundentes», pero que también «se necesitan con urgencia transformaciones profundas para garantizar que las mujeres y las niñas de nuestra región puedan vivir vidas libres de violencia”.
Ante esta radiografía violenta, la Cepal recuerda que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas para frenar y castigar los asesinatos y agresiones contra mujeres, según estableció el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2010.
En contraste, sólo 3 de 19 países reportan datos de fuentes oficiales sobre denuncias de violencia o medidas cautelares que permitan evaluar la eficacia de la política pública y de las instituciones; y solo en siete países hay regulación para atender e indemnizar desde el Estado a los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio.
