La Policía Federal de Brasil lanzó este jueves un operativo contra el expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus exministros, asesores y militares supuestamente involucrados en los ataques del 8 de enero de 2023 a las sedes de los tres poderes en Brasilia, informa G1.
El juez de Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizó la operación. Los agentes fueron a la casa de Bolsonaro en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro, y le ordenaron que entregase su pasaporte. Como el documento no estaba en la vivienda, la Policía le dio 24 horas para entregarlo.
«En cumplimiento de las decisiones de hoy, el presidente Jair Bolsonaro entregará el pasaporte a las autoridades competentes», informó Fabio Wajngarten, abogado y asesor de Bolsonaro.
De Moraes también prohibió a Bolsonaro establecer contacto con los investigados en la operación.
Entre los objetivos se encuentra el exministro del Gabinete de Seguridad; el general Augusto Heleno; el extitular de Justicia Anderson Torres; el general Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022 y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación con la que Bolsonaro se presentó a las elecciones.
«Creo que hay que hacer cosas antes de las elecciones. Llegará un punto en el que ya no podremos hablar. Tendremos que actuar. Actuar contra determinadas instituciones y contra determinadas personas. Eso para mí está muy claro», dijo Heleno, según recoge el informe de la Policía del que se hace eco la prensa.
En total, la Policía lleva a cabo 33 órdenes de búsqueda y aprehensión y cuatro órdenes de prisión preventiva en nueve estados. También existen medidas cautelares, como la prohibición de contactos entre los investigados, la retención de pasaportes y destitución de cargos públicos.
Los agentes ya detuvieron a Filipe Martins, exasesor especial de Bolsonaro; Marcelo Camara coronel del Ejército, y al mayor Rafael Martins de Oliveira.
«No creo que hubiera sucedido sin él»
Según la Policía, el grupo investigado se dividieron dos «ejes» para intentar socavar el resultado de las elecciones de 2022. El primero construía y difundía informaciones falsas sobre supuestos fraudes en las urnas y hacía hincapié en la «falsa vulnerabilidad del sistema de voto electrónico».
Mientras que el segundo llevó a cabo acciones para llevar a cabo los ataques del 8 de enero, y contó con el apoyo de militares.
«Es muy difícil para un presidente de la República pronunciarse sobre un operativo de la Policía Federal que se desarrolla en secreto. Espero que no se produzcan excesos y se aplique el rigor de la ley. Sabemos de los ataques a la democracia. Necesitamos saber quién financió los campamentos. Esperemos las investigaciones», escribió Lula en las redes sociales.
Después, en una entrevista con radio Itatiaia, el presidente izquierdista comentó: «El ciudadano [Bolsonaro] que estaba en el gobierno no estaba preparado para ganar, no estaba preparado para perder, no estaba preparado para irse (…) Debe haber participado en la construcción de este intento de golpe. No creo que hubiera sucedido sin él».
Las investigación intenta dilucidar la relación de todas estas personas con los ataques del 8 de enero por hordas de bolsonaristas una semana después de que Lula llegase al poder y que hicieron tambalear los 38 años pasados desde la redemocratización del país.
Según la prensa, la Policía descubrió un borrador para detener a los jueces de la Suprema Corte, Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, así como al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Las investigaciones indican que Bolsonaro pidió que se eliminaran del texto los nombres de Pacheco y Gilmar, pero se mantuviera el De Moraes.
Este señor debe ir preso por crimenes ambientales, el daño que le causo a la amazonia en irreversible.