«Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación», anunció el diputado socialista Jaime Naranjo, rodeado de representantes de todas las bancadas opositoras.
Para Tomas Hirsch, del izquierdista Acción Humanista, la acusación constitucional «marca un hito histórico» en Chile y fue presentada por «la oposición completa, unida, con convicción, con certeza, con responsabilidad y con todos los antecedentes en la mano».
«Tenemos que tomar decisiones pensando en Chile y no es soportable tener un presidente acusado de esta manera por delitos de corrupción», agregó el democristiano Gabriel Ascencio.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados -el órgano encargado de establecer si la acusación es o no viable-, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente de aquello que se le imputa.
El objetivo es que el libelo acusatorio, que previsiblemente contará con los votos en la cámara baja, llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.
La publicación de los Pandora Papers hace casi dos semanas colocó en entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien ha defendido su inocencia alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer Gobierno, por lo que no tuvo participación en la venta de Dominga.
De acuerdo a una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, en un negocio realizado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.
Según la investigación, el pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.
El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.
ESPERO CON VEHEMENCIA QUE SE LA METAN DOBLADA Y SIN BASELINA A ESTE CORRUPTO: 1) recuerdo con qué zaña disparaban los putos carabineros a los ojos de los jóvenes de las protestas por el aumento al pasaje del metro. PUDRETE HDLGP MALDITO VAÁ!!!!!