Ex presidentes y líderes opositores de Bolivia se pronunciaron este viernes a favor de una “respuesta nacional movilizada” para frenar el “camino a la dictadura” en el país tras el encarcelamiento de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, la mayor región boliviana.
Esta postura fue difundida en un pronunciamiento firmado por más de una decena de opositores, entre ellos los exmandatarios Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002), el exgobernador de Santa Cruz Rubén Costas, los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Tarija, Johnny Torrez, y el gobernador de esa región sureña, Oscar Montes.
“Estamos convencidos de que una respuesta nacional movilizada, democrática y pacífica para frenar este camino a la dictadura, debe hacerse para lograr objetivos imprescindibles”, indica el comunicado.
Esas metas incluyen la recuperación de la independencia del órgano Judicial y el Ministerio Público y la construcción de una “propuesta de unidad de la oposición” para “ser una real alternativa al autoritarismo” del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Los políticos ratificaron que la detención de Camacho fue un “secuestro” y que su traslado a La Paz y su encarcelamiento preventivo en una cárcel de máxima seguridad en el altiplano paceño suponen un “hecho” de “máxima gravedad para el futuro de la democracia boliviana”.
“El disfraz jurídico que pretende enmascarar esta acción política autocrática es la acusación forzada y absurda de terrorismo por un inexistente e inventado golpe de Estado en 2019. Esa misma espuria acusación llevó a la detención-secuestro y condena ilegal de la expresidenta constitucional Jeanine Añez”, señala el manifiesto.
Los opositores también consideraron que el citado proceso tiene como meta “blanquear el verdadero delito cometido en 2019, el fraude electoral perpetrado” por el entonces Gobierno de Evo Morales.
A su juicio, lo ocurrido deja en evidencia que el Gobierno del MAS ha “sometido y envilecido” a la Justicia y la Fiscalía, a las que acusaron de ser “brazos ejecutores de una persecución y represión política contra la oposición y la disidencia social y ciudadana”, lo que acerca a Bolivia “cada vez más a la situación de dictadura abierta que viven Venezuela, Nicaragua y Cuba”.
El pronunciamiento concluye con la exigencia de la “inmediata libertad” de Camacho, Áñez “y todos los presos políticos” por la crisis de 2019.
Los antecedentes
Camacho fue aprehendido y trasladado a La Paz el miércoles en un cuestionado operativo policial y esta madrugada un juez dispuso su detención preventiva por cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
La Fiscalía lo acusa dentro del caso “golpe de Estado I” por los hechos registrados durante la crisis de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, quien aseguró ser víctima de un “golpe de Estado”, en medio de denuncias de fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
Por este mismo caso se detuvo en marzo de 2021 a Jeanine Áñez y dos de sus exministros, aunque finalmente la exmandataria fue condenada en junio de este año a 10 años de prisión acusada de situarse ilegalmente en línea de sucesión presidencial por el proceso denominado “golpe de Estado II”.
Santa Cruz protestó en esta jornada contra el encarcelamiento de su gobernador con una huelga que terminó con enfrentamientos entre civiles y policías, decenas de manifestantes arrestados y la denuncia de un ataque policial contra un equipo de prensa.
Los líderes cruceños anunciaron que los bloqueos de carreteras se mantendrán indefinidamente y que se asumirán progresivamente otras medidas para lograr la liberación de Camacho.
