El jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció este jueves la represión de la dictadura venezolana contra la oposición, y puso en duda la transparencia de las elecciones presidenciales previstas para este año, que se habían acordado con los adversarios del régimen en las negociaciones de Barbados.
“El régimen venezolano muestra su verdadera cara con sus acciones, como la descalificación de la vencedora de las primarias y favorita en los sondeos, María Corina Machado. Esto demuestra la falta de transparencia del proceso electoral. El hostigamiento político, la violación de los derechos políticos de los ciudadanos y el incumplimiento de los pactos son la forma de actuar de la dictadura”, escribió Almagro en su perfil de la red social X.
Machado, por su parte, afirmó que su compromiso con el país es “inalienable” y que el futuro de Venezuela es “la libertad”. Además, solicitó acciones y respaldo a su causa.
La líder opositora aseguró el miércoles que la cúpula chavista está tomando este tipo de acciones para sembrar el “caos”.
”El régimen lo hace para crear el caos en la población y despojar al pueblo de su poder en un momento crítico”, subrayó
“El hecho de que insistan en bloquear mi candidatura no tiene que ver solo conmigo, (…) sino con que este régimen no considera aún la posibilidad de perder poder”, aseguró.
Estas declaraciones se dan en medio de la ola de detenciones forzosas que se ha desatado en el país sudamericano después de que el dictador venezolano Nicolás Maduro revelara unos supuestos planes de asesinato contra él, orquestados desde Estados Unidos y Colombia.
En días recientes, el máximo representante de la OEA también calificó como “atropello injustificable” la detención forzada por parte del régimen chavista de la activista venezolana Rocío San Miguel.
Almagro condenó, además, la detención arbitraria de varios familiares de San Miguel, asegurando que se trata de “una acción repudiable e infame”, según un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha descrito la detención de la activista como una “desaparición forzada” y ha instado a la dictadura venezolanas “a informar sobre su paradero y asegurar el respeto a sus garantías judiciales y presunción de inocencia”.
La Fiscalía chavista le imputa delitos de traición, conspiración y terrorismo, derivados de un supuesto plan para atentar contra Maduro, por lo que solicita a la Justicia que mantenga a la activista en detención provisional.
Plazo a la dictadura
Entretanto, Estados Unidos aseguró este miércoles que esperará hasta abril, cuando expiran las licencias para la explotación de petróleo y gas, para tomar una decisión sobre si deben reimponerse o no las sanciones contra el régimen venezolano.
Esa decisión dependerá de lo que haga hasta entonces Nicolás Maduro, para cumplir con su compromiso de celebrar “elecciones libres y justas” este año, afirmó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
“Esas licencias que otorgamos para el alivio de sanciones expiran en abril. En ese momento veremos dónde estamos con respecto al régimen de Maduro y si está cumpliendo sus compromisos y, luego tomaremos nuestras decisiones sobre cómo proceder a partir de ahí”, afirmó Sullivan.
A finales del año pasado, la dictadura chavista llegó a acuerdos con Estados Unidos y la oposición venezolana para celebrar elecciones “libres y justas” este año.
El Gobierno de Biden incentivó a Maduro a tomar estas acciones con la suspensión de sanciones al petróleo y el gas, pero ante la falta de progreso, a finales de enero volvió a imponer sanciones al sector del oro y ha advertido que si la situación no mejora dejará que el 18 de abril expiren las licencias para el petróleo y el gas que se habían otorgado
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